Las misiones médicas cubanas, promovidas por el Gobierno como un ejemplo de cooperación internacional, enfrentan crecientes críticas debido a denuncias de explotación laboral, retención de ingresos y restricciones a derechos básicos de los profesionales enviados al extranjero.
Según un reportaje de Deutsche Welle (DW), Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders (PD) con sede en Madrid, asegura que el Estado cubano retiene cerca del 85 % del salario que pagan los países receptores por cada médico o enfermero.
“Cuba factura en torno a los cinco mil o seis mil millones de dólares anuales por las misiones médicas”, afirmó Larrondo, quien además analizó contratos y convenios. En muchos casos, explicó, los gobiernos extranjeros desembolsan miles de dólares por profesional, mientras que los trabajadores reciben solo una fracción mínima.
Como ejemplo, durante la pandemia México pagaba 3.750 dólares mensuales por médico, pero los cubanos percibían apenas 200 dólares. En Catar, el Estado cubano cobraba unos 13.000 dólares por especialista y pagaba un máximo de 1.200. En Italia, un médico recibía 1.200 euros mientras que el país europeo abonaba 4.700 por cada profesional.
La organización ha recopilado más de 1.400 testimonios de participantes en distintas misiones, lo que ha llevado a que la actual administración de Estados Unidos busque limitar esta fuente de ingresos del régimen.
Los relatos describen jornadas agotadoras, presión política, vigilancia constante y restricciones para relacionarse libremente. También se denuncia la retención de pasaportes y la prohibición de llevar títulos académicos, lo que dificulta abandonar el programa. “Las leyes están conformadas para ahogar y amedrentar a los médicos, que arriesgan perder a su familia”, advirtió Larrondo.
Quienes deciden desertar pueden enfrentar hasta ocho años sin poder regresar a Cuba, con el consecuente distanciamiento de sus hijos y familiares.
Entre los testimonios figura Arisleydi López, licenciada en Enfermería con más de 30 años de experiencia, que trabajó en misiones en México y Venezuela. “Pensé que iba a ganar un salario digno e iba a poder mejorar la vida de mis hijas”, relató. López denunció contratos poco claros sobre el salario real y calificó el proceso como “un fraude total”.
También describió condiciones laborales extenuantes y señaló que algunos profesionales enviados no tenían la preparación adecuada. “Están explotando y esclavizando al personal de salud”, afirmó. Abandonar la misión implicó perder la posibilidad de regresar a Cuba durante años; actualmente reside en Estados Unidos, separada de una de sus hijas en la isla: “Todo lo que tenía que perder lo perdí. Si no estoy de acuerdo con que me esclavicen, son ocho años de separación de mi familia”, declaró.
Las denuncias han llegado a instancias internacionales. Relatores de Naciones Unidas han manifestado su preocupación por posibles violaciones laborales, y el Parlamento Europeo ha emitido resoluciones críticas sobre el sistema.
A pesar de esto, el Gobierno cubano defiende las brigadas médicas como una fuente legítima de ingresos que sostiene el sistema de salud y la economía del país. Mientras la administración las presenta como símbolo de solidaridad y diplomacia sanitaria, los testimonios recopilados por Prisoners Defenders describen un modelo que, según sus críticos, prioriza la captación de divisas sobre los derechos y la estabilidad de los profesionales de salud.
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