En una declaración contundente, Laura María Gil González, hija del exviceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, ha roto el silencio para pedir que el proceso que enfrenta su padre se realice “a puertas abiertas” y sea transmitido públicamente, en directo, ante el país y medios internacionales.
Bajo el amparo de los artículos 48 y 54 de la Constitución de la República de Cuba —que reconocen el derecho a la defensa del honor y la imagen, así como la libertad de expresión— Laura María plantea que, aunque la familia ha colaborado con las autoridades y respetado el trámite de instrucción, no puede permanecer en silencio ante lo que describe como una “acusación injusta”.
“Si no me he pronunciado anteriormente (…) ha sido por mi destacado compromiso (…) en proteger la imagen de nuestro país y evitar a toda costa un descontento popular o un conflicto internacional”, señaló Laura María.
Para ella, la aplicación de la recientemente invocada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del país aún tiene “detalles sueltos” que alimentan la especulación ciudadana, y por ello demanda que se aporte información clara sobre las acusaciones contra su padre.
Entre los puntos que considera esenciales están: “qué hizo, a qué país o países nos referimos, desde cuándo, cuáles fueron sus vías de comunicación, qué recibió a cambio, en qué escenarios, con quién y bajo la orden directa de quién lo hacía”. En su escrito no se queda en lo general: plantea todas estas preguntas para exigir que el “pueblo cubano merece saber”.
En su texto, Laura María hace mención explícita a la naturaleza del proceso: pide que el juicio sea público, televisado en directo a través de la televisión cubana, mediante la señal de Cubavisión Internacional y con cobertura de medios oficiales y no oficiales, además de admitir la transmisión a cadenas extranjeras presentes en Cuba.
“Al igual que ustedes, estaré muy al tanto de los desenlaces de esta situación (…) me sumo al llamado popular de llevar la transparencia de este caso a su máxima expresión, lo exige el pueblo, lo exige la familia y también lo exige Gil”, afirma.
La acusación contra Alejandro Gil, por parte de la Fiscalía General de la República de Cuba, involucra una gama de presuntos delitos: espionaje, malversación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, lavado de activos, infracción de normas sobre documentos clasificados, entre otros. El exministro habría sido removido, según comunicado oficial, por “graves errores” en el ejercicio de sus funciones y se aprobó la apertura de investigaciones por parte del Ministerio del Interior de Cuba.
En su declaración, la hija enfatiza que su publicación “no es ofensiva ni destructiva, no incita a la violencia ni a la rebelión popular, no revela secretos de Estado ni menosprecia las actuaciones” de las instituciones cubanas. Añade que cualquier represalia que pueda recaer sobre ella o su familia sería “totalmente ilegal y violatoria” de los derechos constitucionales de libertad de expresión y autodefensa.
Para Laura María, su padre mantiene su firmeza en la defensa: “no reconocerá bajo ninguna circunstancia ningún delito que se le imputa y que no se le sea debidamente verificado”. Su confianza, señala, radica en que “la verdad triunfará”.
Este llamado al Gobierno y al sistema judicial cubano pone el foco en la transparencia de un proceso que ha captado la atención cotidiana: un funcionario de alto rango, investigado por múltiples delitos, es reclamado por su familia para que su caso no transcurra entre muros opacos sino a la vista de todos.
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