Jonathan Muir Burgos, de 16 años, fue enviado a la prisión de Canaleta sin aviso a sus familiares, mientras que otro adolescente arrestado en las mismas protestas sigue incomunicado. Organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones y riesgo para los menores.
Muir Burgos de 16 años fue trasladado a la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, sin previo aviso a sus familiares ni notificación oficial, según denunció el Centro de Denuncias Defensa CD.
Jonathan fue detenido el 16 de marzo en Morón cuando acudía junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial. Desde entonces permanecía recluido en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila, acusado de participar en las protestas del 13 de marzo. Posteriormente, se le impuso prisión provisional bajo la acusación de presunto sabotaje.
El propio adolescente logró comunicarse por teléfono con un familiar tras su traslado y pidió ayuda: “Sáquenme de aquí”, expresó, alertando además que en la prisión de Canaleta “sí dan golpes”. Su situación se agrava debido a que padece una enfermedad crónica de la piel que requiere tratamiento médico continuo, el cual, según allegados, no ha recibido desde su detención.
Elier Muir Ávila también fue citado y trasladado a Ciego de Ávila junto a su hijo, permaneciendo horas en paradero desconocido antes de ser liberado.
Otro menor , también de 16 años, Christian de Jesús Crespo Álvarez, permanece detenido desde el 18 de marzo. Según su padre, Odelsis Crespo, el adolescente fue identificado presuntamente en grabaciones y videos de las protestas de Morón y desde entonces ha estado incomunicado, con acceso limitado a visitas familiares. Su madre solo pudo verlo por unos minutos tras varios días sin información clara sobre su situación legal.
Organizaciones independientes como Cubalex han alertado sobre un incremento de medidas represivas tras las manifestaciones, incluyendo detenciones, interrogatorios y vigilancia dirigida a jóvenes. La ONG advirtió que la situación de Morón podría evidenciar un patrón de criminalización de adolescentes en Cuba.
El seguimiento de estos casos también ha sido documentado por Justicia 11J, plataforma que monitorea arrestos y condiciones de detención de manifestantes en la isla.
La situación de ambos menores refleja, según estas fuentes, un contexto de creciente represión y falta de garantías legales, que preocupa a la sociedad civil y organismos de derechos humanos, y plantea riesgos concretos para la integridad física y la salud de los adolescentes.
Fuentes: ADN Cuba
Justicia 11J
Testimonios familiares
México aprueba donación de 35 millones de dólares a Cuba para impulsar el sector agrícola
Hace 1 día
Cuba activa servicio exclusivo en dólares que conecta aeropuerto de La Habana con hoteles
Hace 1 día