El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado este lunes de la prisión federal de alta seguridad en Hazelton, Pensilvania, tras recibir un indulto total del presidente estadounidense Donald Trump, según registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP). Hernández, de 57 años, había sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y condenado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por tres cargos relacionados con narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Durante su gobierno, Hernández lideró Honduras entre 2014 y 2022. Tras su liberación, su esposa Ana García agradeció a Trump y afirmó en la red social X que Hernández “volvió a ser un hombre libre” luego de casi cuatro años detenido.

El indulto fue anticipado la semana pasada por Trump, quien defendió su decisión argumentando que la administración de Joe Biden “tendió una trampa” contra el ex mandatario hondureño. El presidente estadounidense reiteró su apoyo a Hernández y a la candidatura de Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional de Honduras, en medio de unas elecciones que presentan un empate técnico según el escrutinio preliminar de más del 50 % de las actas.

La liberación de Hernández ha generado reacciones divididas. Sectores críticos consideran que el indulto debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras que sus defensores denuncian irregularidades en el juicio y presunta persecución política. De acuerdo con Axios, Hernández solicitó el indulto mediante una carta a Trump, en la que resaltaba la colaboración entre ambos países durante la primera administración del mandatario estadounidense y se dirigía a él como “Su Excelencia”. La concesión del perdón también pudo haber sido influida por una campaña de cabildeo encabezada por Roger Stone, antiguo colaborador de Trump.

La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, respaldó la versión de Trump sobre una supuesta “trampa” de la administración Biden. Leavitt afirmó que el abogado de oficio de Hernández tuvo apenas tres semanas para preparar la defensa y denunció que los cargos estarían vinculados al partido de la presidenta saliente Xiomara Castro, en coordinación con la Administración Biden y la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Durante el juicio, Hernández cuestionó la validez de las pruebas, argumentando que se basaban principalmente en testimonios de “delincuentes confesos” que buscaban reducir sus penas a cambio de colaborar.

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