Un tribunal federal de apelaciones determinó que la administración del presidente Donald Trump no puede impedir que ciertos inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos soliciten una audiencia para determinar si pueden ser puestos en libertad bajo fianza mientras avanzan sus procesos migratorios.
La decisión, adoptada por una mayoría de 2-1 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, representa un nuevo revés para la política migratoria del Gobierno y profundiza la división existente entre las cortes federales de apelaciones sobre el alcance de la detención obligatoria de inmigrantes.
Según informó la agencia AP, la resolución fue respaldada incluso por un juez designado por Trump. El fallo se suma a decisiones similares de otros tribunales que han rechazado la interpretación defendida por la administración, aunque los circuitos Quinto y Octavo han respaldado la posición del Gobierno.
La división entre las cortes de apelaciones podría terminar llevando el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La administración Trump ya ha solicitado al máximo tribunal que intervenga en la disputa y determine cuál debe ser la interpretación correcta de la legislación migratoria federal.
El Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con el fallo y defendió la aplicación de la detención obligatoria. La agencia sostuvo que el presidente Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, están aplicando las leyes aprobadas por el Congreso con el objetivo de proteger la seguridad del país.
Durante administraciones anteriores, muchos inmigrantes detenidos en el interior de Estados Unidos que no tenían antecedentes penales podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. La detención obligatoria se aplicaba principalmente a personas detenidas al ingresar al país o en la frontera.
Sin embargo, el Gobierno amplió el año pasado la aplicación de esta política a inmigrantes detenidos dentro del territorio estadounidense. La medida, vinculada a la estrategia de deportaciones masivas impulsada por Trump, desencadenó numerosas demandas presentadas por personas que buscaban obtener audiencias para solicitar su libertad.
La administración sostiene que una reforma migratoria aprobada por el Congreso en 1996 permite aplicar la detención obligatoria en un ámbito más amplio de lo que hicieron gobiernos anteriores. El tribunal, sin embargo, rechazó esa interpretación y consideró que el análisis histórico de la legislación respalda el derecho de determinados inmigrantes a solicitar una audiencia de fianza.
El fallo fue respaldado por los jueces Daniel Bress y M. Margaret McKeown, mientras que el magistrado Carlos Bea emitió una opinión disidente. Bea sostuvo que el texto y el propósito de las modificaciones aprobadas por el Congreso en 1996 respaldan la posición de la administración Trump.
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