Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida acusó formalmente a cuatro hombres por su presunta participación en una operación que habría defraudado al programa de asistencia alimentaria SNAP por más de 19 millones de dólares durante casi siete años.
Los acusados fueron identificados como Rajaie Ahmad Ali, de 63 años y residente de Miramar; Sami Jamhour, de 43 años, de Hollywood; Cristian Giovanni Amaro, de 27 años, de Miami; y Adel Amro, de 23 años, residente de Fort Myers.
Según los documentos judiciales, la presunta conspiración se desarrolló entre julio de 2019 y mayo de 2026 y consistía en intercambiar de manera ilegal los beneficios de asistencia alimentaria por dinero en efectivo. La operación habría utilizado establecimientos comerciales autorizados para procesar transacciones del programa SNAP en los condados de Miami-Dade y Broward.
Ali era propietario de Brown Sugar, mientras que Jamhour y Amaro estaban vinculados a los comercios Kwik Stop y Quickie Mini Market, respectivamente. De acuerdo con la acusación, algunos de los implicados utilizaron terminales de punto de venta asignadas a determinados comercios para procesar transacciones en otros establecimientos, una práctica prohibida por las normas del programa federal.
La investigación sostiene que los acusados habrían reclutado a beneficiarios de SNAP dispuestos a convertir sus fondos de asistencia alimentaria en dinero en efectivo. En lugar de adquirir alimentos de manera legítima, los beneficiarios entregaban sus tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) para realizar operaciones fraudulentas.
Los responsables de los comercios supuestamente cargaban cantidades superiores a las compras reales en las tarjetas de los beneficiarios y posteriormente les entregaban aproximadamente la mitad del valor en efectivo. El resto del dinero habría quedado en manos de los operadores de la presunta red como beneficio.
Las autoridades estiman que el esquema permitió obtener ilegalmente más de 19 millones de dólares en fondos federales destinados a ayudar a familias necesitadas.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que los beneficios de SNAP fueron creados para garantizar que las familias puedan acceder a alimentos y no para generar ganancias ilícitas. También advirtió que el fraude perjudica tanto a los contribuyentes que financian el programa como a las personas que dependen de esta asistencia.
Los cuatro acusados enfrentan diferentes cargos relacionados con el tráfico ilegal de beneficios SNAP, lavado de dinero y estructuración de transacciones financieras. De ser declarados culpables, podrían recibir penas máximas que van desde 30 hasta 65 años de prisión, dependiendo de los cargos atribuidos a cada uno.
La investigación está a cargo de la oficina del FBI en Miami y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-OIG), con apoyo de autoridades policiales locales.
Las autoridades federales reiteraron que continuarán persiguiendo a quienes utilicen programas de asistencia pública con fines de lucro y señalaron que el caso representa uno de los mayores esquemas de fraude contra SNAP investigados recientemente en el sur de Florida.
Los cuatro hombres enfrentan ahora el proceso judicial correspondiente y se presume su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos
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