Elizabeth Ponte Zaldívar, una joven de origen cubano que recientemente obtuvo la nacionalidad mexicana, denunció haber sido víctima de comentarios xenófobos por parte de una empleada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Cancún, cuando acudió a tramitar su primer pasaporte mexicano.
Según relató, la trabajadora cambió su actitud después de conocer su país de nacimiento y llegó a decirle que los cubanos estaban “invadiendo” México, una experiencia que la llevó a denunciar públicamente el trato recibido.
El caso fue divulgado por el diario mexicano Cambio 22, que recogió el testimonio de la joven, difundido también mediante videos en sus cuentas de Instagram y TikTok.
Ponte Zaldívar explicó que la atención transcurría con normalidad hasta que la empleada revisó sus documentos y supo que era cubana. A partir de ese momento, aseguró, recibió expresiones despectivas, entre ellas el comentario “otra cubana más”.
La denunciante afirmó que la trabajadora también cuestionó la facilidad con la que, según su percepción, los extranjeros obtenían la nacionalidad mexicana.
La joven rechazó esas insinuaciones y defendió la legalidad de su proceso de naturalización. Aseguró que cumplió con los requisitos establecidos por las autoridades y que su ciudadanía es resultado de un procedimiento oficial.
Ponte Zaldívar señaló que lleva más de tres años viviendo en México y que nunca había experimentado una situación semejante. A pesar del incidente, manifestó que mantiene su cariño por el país y pidió que no se juzgue a las personas por su lugar de nacimiento.
El episodio se produce en medio de otros señalamientos sobre presuntos actos de discriminación contra ciudadanos cubanos residentes en Cancún, incluidos obstáculos para conseguir empleo, alquilar viviendas y desenvolverse en espacios públicos.
Las tensiones aumentaron después de un enfrentamiento ocurrido en mayo en la Supermanzana 23, donde una disputa entre un ciudadano cubano y un mexicano derivó en una concentración frente a una vivienda y daños materiales.
Tras ese incidente, Marilyn Torres Leal, presidenta de la organización de atención a migrantes CISVAC, advirtió que las consecuencias estaban afectando también a personas ajenas al conflicto.
La activista denunció que algunos cubanos habían encontrado dificultades para acceder a oportunidades laborales y alquileres, además de recibir insultos por su nacionalidad.
En junio, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, informó sobre reuniones entre autoridades y vecinos para abordar los problemas de convivencia y evitar que las diferencias desembocaran en nuevas confrontaciones.
La denuncia de Ponte Zaldívar vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de distinguir entre las responsabilidades individuales y la identidad nacional de una comunidad.
Los delitos deben investigarse y sancionarse cuando corresponda, pero las actuaciones de una persona no justifican generalizar acusaciones contra todos los integrantes de su nacionalidad.
La Constitución mexicana prohíbe la discriminación por origen nacional y establece la obligación de las autoridades de proteger los derechos humanos.
Aunque el testimonio difundido públicamente no determina por sí solo una responsabilidad administrativa de la empleada señalada, plantea una situación que podría ser examinada por las instancias correspondientes.
La joven insistió en que ninguna persona merece recibir un trato degradante por sus raíces y defendió su derecho a ser reconocida como ciudadana mexicana sin renunciar a su identidad cubana.
“Estoy orgullosa de ser cubana y ahora estoy orgullosa de ser cubana mexicana”, expresó en su mensaje.
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