Un juez federal de Rhode Island ordenó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) utilizar fondos de emergencia para garantizar el pago de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos. La decisión se emitió un día antes de que expiraran los fondos del programa, del cual dependen más de 42 millones de estadounidenses.
El juez John McConnell, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, falló a favor de un grupo de ciudades y organizaciones que demandaron al gobierno por la suspensión de los pagos debido al cierre parcial del gobierno federal. En su dictamen, McConnell señaló que los 6.000 millones de dólares en fondos de contingencia deben ser utilizados para mantener el programa activo y que, en caso de resultar insuficientes, el USDA deberá recurrir a otras fuentes de financiamiento.
“El cierre del gobierno no elimina el SNAP, solo su financiación. No podría haber mayor necesidad que la de asegurar alimentos para millones de personas”, afirmó el juez. McConnell advirtió además que suspender los beneficios provocaría “daños irreparables” a familias vulnerables, ancianos y veteranos que dependen de esta ayuda.
El fallo se produjo poco después de que otro tribunal federal, en Massachusetts, señalara que el gobierno no puede suspender el programa sin una base legal sólida, aunque esa jueza aún no había ordenado el desembolso inmediato.
El presidente Donald Trump reaccionó al fallo a través de las redes sociales, afirmando que existen opiniones judiciales contradictorias sobre cómo utilizar los fondos disponibles y que instruyó a sus abogados a pedir “una aclaración urgente” al tribunal.
Por su parte, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, calificó la decisión de “errónea” y sostuvo que los fondos de emergencia deberían reservarse para “situaciones excepcionales, como desastres naturales”.
En contraste, el grupo Democracy Forward, que representó a los demandantes, celebró el fallo como una victoria para las familias estadounidenses. Su presidenta, Skye Perryman, declaró que la decisión “reafirma que la administración debe usar su poder para apoyar a la gente, no para perjudicarla”.
El cierre del gobierno había generado gran incertidumbre sobre la continuidad del SNAP, un programa esencial para combatir la inseguridad alimentaria. Varios estados y gobernadores habían presentado demandas para obligar al USDA a mantener los beneficios activos durante la crisis presupuestaria.
El juez McConnell solicitó a la administración un informe detallado sobre la financiación del programa antes del próximo lunes, mientras el Departamento de Agricultura evalúa cómo aplicar la orden judicial.
El fallo representa un alivio temporal para millones de familias que temían quedarse sin recursos para comprar alimentos, y marca un nuevo capítulo en la disputa legal y política sobre el alcance de la autoridad presidencial durante los cierres del gobierno.