Un juez federal ordenó la liberación inmediata de un niño de cinco años y de su padre, luego de que ambos fueran detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un caso que ha generado fuerte reacción pública y renovado debate sobre las políticas migratorias y el trato a menores.
Según documentos judiciales, el menor y su padre fueron capturados durante una operación migratoria y permanecieron bajo custodia pese a no existir cargos criminales en su contra. La defensa argumentó que la detención del niño violaba principios básicos de derechos humanos y protección a la infancia, al someterlo a un proceso traumático e innecesario.
En su fallo, el juez subrayó que la retención del menor carecía de justificación legal y ordenó su liberación inmediata junto a la de su padre. El magistrado señaló que el interés superior del niño debía prevalecer sobre cualquier procedimiento administrativo migratorio y cuestionó la actuación de ICE en el caso.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes celebraron la decisión judicial, calificándola como un paso importante frente a prácticas que, aseguran, se han vuelto recurrentes en los últimos años. Activistas denunciaron que la detención de familias y menores continúa siendo utilizada como herramienta disuasoria, pese a las críticas de organismos nacionales e internacionales.
“El fallo reconoce lo evidente: un niño no puede ser tratado como un expediente migratorio”, expresó un portavoz de una organización legal que participó en la defensa. También advirtieron que muchos casos similares no llegan a los tribunales y terminan con menores detenidos durante semanas o meses.
Por su parte, ICE no ofreció comentarios detallados sobre la orden judicial, limitándose a reiterar que sus operaciones se realizan bajo el marco de la ley vigente.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la política migratoria estadounidense y el impacto humano de las detenciones, especialmente cuando involucran a niños. Para muchas familias migrantes, la decisión judicial representa un alivio, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan frente al sistema.
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