El sistema judicial cubano condenó a cadena perpetua a Osvaldo Fernández Pichardo, tras un proceso celebrado en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Camagüey, según informó la versión oficial.
De acuerdo con las autoridades, el acusado fue hallado culpable de los delitos de terrorismo, así como de portación y tenencia ilegal de armas o explosivos. El caso corresponde a la causa No. 6 de 2025.
La versión oficial sostiene que Fernández Pichardo habría actuado bajo la supuesta instigación de una persona residente en Estados Unidos, quien le habría ofrecido 600 dólares para agredir a un agente de la Policía Nacional Revolucionaria en un espacio público, con el objetivo de generar temor y alterar el orden.
El hecho que sustenta la acusación ocurrió en mayo del año pasado en el boulevard de la ciudad de Camagüey. Según las autoridades, el condenado atacó por la espalda con un arma blanca a una oficial de policía que se encontraba desarmada y vestida de uniforme. La agente sufrió lesiones que, según el reporte oficial, pusieron en riesgo su vida y requirieron atención médica.
Además de la cadena perpetua, el tribunal impuso sanciones accesorias como la privación de derechos públicos, la confiscación de bienes relacionados con el caso, la prohibición de salida del país y la obligación de indemnizar a la víctima.
El gobierno aseguró que durante el proceso se respetaron las garantías legales y el debido proceso, señalando que el acusado contó con representación legal desde la fase investigativa.
Sin embargo, este tipo de casos suele generar cuestionamientos fuera del ámbito oficial, especialmente por el uso de figuras penales como el “terrorismo” en contextos donde no existen grupos armados organizados ni acciones de carácter masivo. Organizaciones independientes y activistas han señalado en ocasiones anteriores la falta de transparencia en procesos judiciales de alto perfil en la isla.
Asimismo, la narrativa oficial insiste en vincular este tipo de hechos con personas en el exterior críticas del sistema político cubano, sin que se hayan presentado públicamente pruebas verificables sobre dichas conexiones.
La condena se produce en un contexto de creciente tensión social en el país, marcado por una crisis económica profunda, apagones prolongados y aumento del descontento ciudadano. En este escenario, las autoridades han endurecido el discurso y las medidas frente a hechos que califican como amenazas al orden interno.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre posibles recursos legales por parte de la defensa ni sobre el estado actual del condenado tras la sentencia.
Fuente: Plataforma Minint
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