El programa de cambio de matriz energética en el abasto de agua, que pretendía modernizar el servicio en la provincia de Las Tunas, enfrenta hoy una seria crisis marcada por el robo, la desprotección y la falta de mantenimiento.
De las 142 estaciones de bombeo instaladas en el territorio, nueve han sido víctimas de robos recientes, según confirmaron las propias autoridades del sector hidráulico a la prensa estatal. Hasta ahora, no se ha capturado a ninguno de los responsables, lo que pone en evidencia la incapacidad de las instituciones para garantizar la seguridad de estas infraestructuras esenciales.
Los municipios más afectados son Puerto Padre, con cuatro hechos de este tipo; Colombia, con tres; y Majibacoa y Jobabo, con uno cada uno. Este panorama convierte a Las Tunas en la provincia cubana con más incidencias de este tipo.
El robo de piezas y equipos no es el único problema que aqueja a las estaciones. La intensa sequía que sufre la región ha reducido considerablemente el caudal de varios pozos, mientras que fallos en los controladores eléctricos y la carencia de repuestos han paralizado más unidades. Actualmente, trece estaciones están fuera de servicio.
La combinación de estas dificultades genera un escenario alarmante: menos agua disponible para la población y comunidades enteras que deben enfrentar largos períodos sin un suministro estable.
Las propias autoridades admiten que muchas de las estaciones se encuentran en áreas aisladas, poco transitadas y sin vigilancia nocturna. Los operarios trabajan solo durante el día y abandonan las instalaciones por la noche, lo que deja los equipos completamente expuestos.
La solución que ahora se anuncia es la contratación de custodios de las comunidades cercanas para vigilar los lugares, una medida que llega tarde y que refleja el abandono estatal de un servicio esencial.
En lugar de asumir plenamente la responsabilidad, las instituciones han hecho un llamado a la población para que cuide los recursos “porque son ellos los beneficiarios directos”. Sin embargo, este tipo de exhortación evidencia la precariedad del modelo de gestión: los ciudadanos, ya golpeados por la escasez, deben además cargar con la tarea de proteger infraestructuras que deberían contar con seguridad institucional.
La realidad en Las Tunas expone la fragilidad de un sistema que debería garantizar un derecho básico como el acceso al agua. El robo de equipos, la sequía, la falta de repuestos y la ausencia de vigilancia conforman un círculo vicioso que deja a miles de personas en situación crítica.
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