Miles de ciudadanos cubanos que permanecen en Uruguay con solicitudes de refugio pendientes o rechazadas podrán optar por una nueva vía para regularizar su situación migratoria, tras la aprobación de un decreto que establece la residencia permanente por arraigo.
La medida busca ofrecer una alternativa a migrantes que llevan años esperando una respuesta de las autoridades uruguayas y necesitan estabilidad legal para trabajar, acceder a documentación y organizar su vida familiar.
Según informó Infobae, al cierre de junio Uruguay acumulaba 30.715 solicitudes de refugio pendientes, de las cuales cerca del 89 % correspondía a ciudadanos cubanos. Sin embargo, solo 52 cubanos habían obtenido hasta entonces el reconocimiento oficial como refugiados, una diferencia que refleja las dificultades que enfrenta esta comunidad para conseguir una definición sobre sus expedientes.
El decreto fue fechado el 8 de octubre de 2026 y, según la información publicada, entrará en vigor 90 días después de su publicación oficial. Podrán acogerse a la nueva disposición los extranjeros que hayan ingresado a Uruguay antes del 1 de enero de 2026 y tengan una solicitud de refugio sin resolver o una denegación firme.
Uno de los principales requisitos es que quienes tengan una solicitud de refugio todavía en trámite deberán renunciar expresamente a ella para iniciar el procedimiento de residencia por arraigo. Antes de formalizar esa decisión, las autoridades deberán explicarles sus consecuencias.
Esta condición puede representar una decisión difícil para quienes temen regresar a sus países de origen o consideran que necesitan protección internacional. No obstante, la normativa contempla la posibilidad de presentar una nueva solicitud de refugio en el futuro si surgen circunstancias que lo justifiquen.
Entre los requisitos figuran demostrar el ingreso por un puesto de control migratorio habilitado, presentar un documento de identidad vigente y aportar antecedentes penales de los países donde el solicitante haya residido durante los cinco años anteriores a su llegada, además de la documentación sanitaria exigida.
También será necesario acreditar medios de vida propios o familiares. La normativa contempla excepciones para determinados documentos cuando existan obstáculos justificados para obtenerlos, por razones humanitarias, falta de representación consular o dificultades económicas.
Los interesados dispondrán de 12 meses desde la entrada en vigor del decreto para iniciar el trámite, con posibilidad de una única prórroga por otros 12 meses. Durante el procedimiento podrán obtener una constancia para gestionar un documento de identidad provisional.
La iniciativa llega en un contexto de importante migración cubana hacia Uruguay y otros países de la región. Para quienes llevan años atrapados en la incertidumbre administrativa, la nueva vía podría representar una oportunidad para estabilizar su situación.
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