El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una regularización extraordinaria que abre una oportunidad histórica para cientos de miles de personas que ya viven en España sin papeles. Sin embargo, junto con la esperanza llega la incertidumbre: muchas preguntas sobre cómo funcionará el proceso que aún no tienen respuesta clara.
El requisito central para acogerse a esta medida será demostrar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. Esta estancia podrá acreditarse mediante documentos públicos, privados o una combinación de ambos. Esto genera dudas, porque no todos los solicitantes están empadronados o cuentan con contratos formales, aunque el gobierno asegura que se aceptarán diversas pruebas.
Para los solicitantes de protección internacional, bastará con demostrar que la solicitud se presentó antes de la fecha límite, aunque haya sido denegada posteriormente. Además, los solicitantes no deben tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, lo que implica controles administrativos estrictos y posibles bloqueos para quienes tengan sanciones menores o situaciones legales pendientes en sus países de origen.
Aunque el anuncio ya es público, las solicitudes no podrán presentarse de inmediato. Se prevé que el plazo se abra a principios de abril, después de completar los trámites del Real Decreto, y se cerrará el 30 de junio de 2026. Este tiempo limitado preocupa a colectivos que temen un colapso en las oficinas de Extranjería debido al volumen de solicitudes.
Un punto muy relevante es que la mera admisión a trámite permitirá trabajar. La administración tiene hasta quince días para admitir la solicitud y un máximo de tres meses para resolverla. La autorización será de residencia con derecho a trabajar en cualquier sector y en todo el territorio español, con una vigencia inicial de un año. Después, los beneficiarios deberán incorporarse a los procedimientos ordinarios del Reglamento de Extranjería.
La medida también contempla a la familia, permitiendo la regularización simultánea de los hijos menores que ya se encuentren en España, otorgándoles permisos de cinco años. Esto refuerza la estabilidad familiar y subraya que la integración no es un proceso individual, sino colectivo.
El gobierno descarta un efecto llamada, ya que se fija una fecha de corte clara y un plazo limitado, y asegura que la regularización contribuirá a reducir la economía sumergida, beneficiando tanto a trabajadores como a empresas. Sin embargo, el volumen estimado de unos 500.000 posibles beneficiarios plantea retos logísticos y territoriales para la administración.
La nueva Residencia Española abre una oportunidad única, pero requiere preparación, paciencia y documentación clara para garantizar que quienes cumplan los requisitos puedan acceder a sus derechos sin contratiempos. Esta medida busca equilibrar la legalidad, la integración y la seguridad para los extranjeros en España.
Fuente: RTVE Noticias
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