Las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres enfrentarán un juicio oral el próximo viernes 30 a las 9:00 a.m. en el Tribunal Municipal de Matanzas, tras haber sido instruidas de cargos desde el 18 de junio de 2024 por lo que ambas califican como delitos fabricados por la policía bajo orientación de la Contrainteligencia.
Según explicó López Hernández en un pronunciamiento público, el proceso ha sido “muy demorado, primero en la Fiscalía y desde hace seis meses en el Tribunal Municipal”, y solo avanzó debido a la presión ejercida por las propias acusadas. “En ambas instancias, fue nuestra presión la que obligó a cursar los canales del proceso judicial”, afirmó.
La doctora también rechazó versiones que atribuían la demora a supuestos privilegios. “La dilatación del caso no se debió a privilegios, como han afirmado algunas personas de manera injusta, sino al costo político de enjuiciar a dos intelectuales con reconocimiento social y académico dentro y fuera de Cuba”, sostuvo.
De acuerdo con su testimonio, la vista fue finalmente fijada porque ya no resultaba posible seguir postergando el proceso. Aun así, advirtió que la publicidad del juicio no suele respetarse: la audiencia fue citada como “oral y pública, aunque eso último jamás se respeta”.
López Hernández calificó el proceso como “otra de las farsas con que un sistema político excluyente intenta atemorizar a la ciudadanía para impedir el ejercicio de sus derechos”, y aseguró que no aceptarán acuerdos ni presiones para silenciarse. “Ninguna de nosotras aceptará otro fallo que no sea la exoneración total. No negociaremos nuestra libertad a cambio del silencio”, declaró. Y añadió: “Nuestra dignidad vale más que sus amenazas, e incluso que la posibilidad real de ir a prisión”.
La académica expresó además que en el contexto cubano no puede esperarse independencia judicial. “En un proceso judicial en Cuba no debe esperarse jamás justicia, todas las decisiones son manejadas por la policía política”, advirtiendo que el costo político del caso recaerá sobre las autoridades: “Este caso será muy costoso, no tanto para las acusadas como para sus acusadores”.
Finalmente, hizo un llamado directo a la comunidad intelectual del país. “La responsabilidad cívica de la intelectualidad cubana también estará en juego”, señaló, y criticó la pasividad frente a la represión: “O asumimos la gravedad de lo que ocurre en nuestro país, o seguiremos siendo copias de la famosa pintura de Marcelo Pogolotti: intelectuales ciegos a otra cosa que no sean sus obras y sus espacios gremiales”.
El juicio, más allá de sus implicaciones legales, se perfila como un nuevo punto de tensión entre el Estado y sectores críticos de la sociedad civil cubana.
Del perfil de la profesora Alina Bárbara Hernández
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