Una jueza federal en Washington D.C., Jia M. Cobb, emitió un fallo que suspende temporalmente la ampliación de la política de deportaciones exprés impulsada por la administración de Donald Trump. La medida afectaba a inmigrantes indocumentados detenidos en el interior del país, sin acceso a audiencia judicial.
La decisión responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización Make The Road New York, que denunciaron que la aplicación generalizada de las expulsiones aceleradas violaba el derecho al debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución.
Hasta ahora, este procedimiento permitía la deportación inmediata de personas detenidas a menos de 100 millas de la frontera y con menos de 14 días en el país. En enero, Trump había restablecido y ampliado la medida para aplicarla a quienes no pudieran demostrar al menos dos años de residencia continua en Estados Unidos, sin importar dónde fueran arrestados.
En un documento de 48 páginas, la jueza Cobb subrayó que la expansión no ofrece las garantías mínimas necesarias:
“Al defender este proceso insuficiente, el gobierno sostiene que quienes entraron ilegalmente no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda. Si eso fuera cierto, no solo los no ciudadanos, sino todos estaríamos en peligro”, escribió en su fallo.
El dictamen no cuestiona la constitucionalidad de la política original, aplicada durante años en zonas fronterizas, sino su extensión a comunidades del interior del país. Según la jueza, cualquier ampliación debe asegurar mecanismos que protejan los derechos de los migrantes.
La medida representa un revés para la administración Trump, que había defendido la deportación inmediata como herramienta para reducir la presión sobre los tribunales de inmigración y agilizar la salida de indocumentados. No obstante, los grupos proinmigrantes celebraron el fallo como una victoria en la defensa de los derechos fundamentales.
La ACLU afirmó que la política ampliada “ponía en riesgo a miles de personas con arraigo en sus comunidades, familias y trabajos, al someterlas a expulsiones sin una revisión justa”.
El fallo, de carácter temporal, permite que el gobierno continúe aplicando las deportaciones rápidas en los casos tradicionales: migrantes detenidos en la frontera o sus inmediaciones y con menos de dos semanas en territorio estadounidense. Sin embargo, bloquea su implementación generalizada hasta que el proceso judicial concluya.
Fuente: EFE y Telemundo
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