Un tribunal federal de Estados Unidos revocó la ciudadanía estadounidense a un ciudadano nacido en Perú tras comprobar que mintió durante su proceso de naturalización y ocultó conductas delictivas graves relacionadas con abuso sexual infantil. La decisión reafirma la política de las autoridades federales de retirar la ciudadanía cuando se obtiene mediante engaño.
El juez federal de distrito Rodney Smith ordenó la cancelación del Certificado de Naturalización de Renzo William Alegre, de 25 años y residente en Fort Lauderdale, Florida. Además de perder la ciudadanía, Alegre fue condenado a 150 días de detención domiciliaria y un año de libertad condicional, luego de declararse culpable del delito de obtención ilegal de la ciudadanía estadounidense.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, subrayó la gravedad del caso al señalar que la ciudadanía estadounidense “es un privilegio, no un escudo para el engaño”. Según explicó, el acusado ocultó información clave mientras participaba en delitos que explotan a menores, lo que hace obligatoria la revocación de su estatus legal conforme a la ley.
De acuerdo con documentos judiciales, el 16 de marzo de 2019, Alegre presentó su solicitud de naturalización. En el formulario respondió negativamente a una pregunta crucial: si alguna vez había cometido, ayudado o intentado cometer un delito por el cual no hubiera sido arrestado. Meses después, el 23 de octubre de 2019, reiteró esa misma respuesta durante una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Apenas ocho días más tarde, el 31 de octubre, obtuvo la ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, en septiembre de 2020, las autoridades arrestaron a Alegre por cargos relacionados con pornografía infantil. Posteriormente, fue declarado culpable de poseer al menos 600 imágenes de material de abuso sexual infantil (MASI). El tribunal lo condenó a 48 meses de prisión, seguidos de 20 años de libertad supervisada y su inclusión en el registro de delincuentes sexuales.
Durante el proceso judicial, Alegre admitió que había utilizado una computadora para descargar y recibir ese material durante aproximadamente un año antes de su arresto, un período que coincidía con la etapa previa a su naturalización. Esa admisión fue clave para demostrar que mintió deliberadamente al Estado estadounidense para obtener la ciudadanía.
El caso fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Fort Lauderdale, bajo la supervisión de la oficina de HSI en Miami. El anuncio oficial fue realizado por el fiscal Reding Quiñones junto al agente especial interino a cargo, José R. Figueroa. La fiscal federal adjunta Latoya C. Brown estuvo a cargo de la acusación.
Las autoridades reiteraron que continuarán persiguiendo con firmeza los casos de fraude migratorio, especialmente cuando involucran delitos graves, y que no dudarán en retirar la ciudadanía a quienes la obtengan mediante mentiras o violaciones a la ley.
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