El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha iniciado una etapa más rigurosa en el procesamiento de solicitudes de asilo y refugio. A partir de este mes, quienes busquen ajustar su estatus migratorio mediante el Formulario I-485 enfrentarán controles de antecedentes penales más exhaustivos, así como entrevistas adicionales en casos considerados de riesgo.
Esta actualización busca “detectar fraudes, amenazas a la seguridad nacional y riesgos para la seguridad pública”, según informaron funcionarios del organismo.
"Los solicitantes que tengan inconsistencias en sus historiales migratorios, problemas con la verificación de identidad o posibles vínculos con actividades delictivas, ahora enfrentan un escrutinio sin precedentes".
En especial, aquellos procedentes de países clasificados como patrocinadores del terrorismo serán objeto de análisis más severos, con revisiones personalizadas de sus casos y entrevistas obligatorias incluso en etapas que antes eran automáticas.
Estas modificaciones, que ya están en vigor, representan una alineación más estricta con las prioridades de seguridad interna del gobierno federal. Además, se incrementará la vigilancia sobre huellas dactilares y registros criminales. Las respuestas ambiguas en solicitudes anteriores también pueden desencadenar entrevistas, en las cuales el solicitante deberá aclarar cualquier aspecto dudoso de su historial.
"El resultado más inmediato de esta política será una mayor complejidad en los procesos y, como advierte el propio USCIS, tiempos de espera más prolongados para quienes esperan una decisión sobre su estatus migratorio". Esto podría afectar miles de casos en curso, especialmente entre refugiados que buscan convertirse en residentes permanentes.
Este nuevo enfoque migratorio se enmarca en una tendencia más amplia iniciada bajo la administración de Donald Trump, donde el endurecimiento de las leyes migratorias se convirtió en uno de los pilares de gobierno. Basta recordar que durante los primeros 100 días de su mandato, más de 158,000 personas fueron arrestadas por ICE, de las cuales cerca de 142,000 fueron deportadas.
La Ley Laken Riley, recientemente impulsada por la administración, exige la detención obligatoria de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos graves. Además, mediante la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, algunos migrantes están siendo deportados a terceros países, como El Salvador, incluso si no son originarios de allí.
En este contexto, las nuevas medidas de USCIS refuerzan la narrativa de una política migratoria centrada en la seguridad. Para los solicitantes de asilo, esto significa prepararse para un camino más difícil, más largo y cargado de incertidumbre.
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