Una nueva valla publicitaria en Miami reclama el fin de las detenciones y deportaciones de migrantes cubanos y exige respeto a la Ley de Ajuste Cubano, una de las principales garantías legales para quienes buscan refugio desde la isla. La estructura se encuentra en la 1700 NW y 50th Street, una de las avenidas más transitadas de la ciudad, y desde hoy se ha convertido en un punto de visibilidad para la comunidad cubana.
El periodista Daniel Benítez compartió en Facebook imágenes de la valla, que lleva mensajes en inglés y español: “Stop detentions and unjust deportations” (Alto a las detenciones y deportaciones injustas), “We are not criminals, we are families seeking freedom” (No somos criminales, somos familias buscando libertad) y “No more violations to the Cuban Adjustment Act” (No más violaciones a la Ley de Ajuste Cubano).
La campaña busca llamar la atención sobre el impacto humano del endurecimiento de la política migratoria estadounidense, que ha derivado en detenciones frecuentes y procesos de deportación para cubanos que buscan acogida legal.
La Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966, permite a los ciudadanos de la isla regularizar su estatus migratorio tras permanecer un año y un día en territorio estadounidense. Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que recientes prácticas migratorias violan el espíritu de esta ley y afectan a familias que huyeron de la represión política en Cuba.
La valla se ha convertido rápidamente en un símbolo de resistencia y reclamo humanitario. Además de su mensaje directo, visibiliza las historias personales detrás de cada migrante: personas que dejaron atrás sus hogares y trabajos en busca de libertad y seguridad para sus familias.
La iniciativa también refleja la preocupación creciente dentro de la comunidad cubana en Miami, que considera que la política de detenciones y deportaciones recientes no solo vulnera derechos legales, sino que genera temor e incertidumbre entre quienes, legalmente, buscan establecerse en Estados Unidos.
Con esta acción, activistas esperan que tanto autoridades como ciudadanos reconozcan el carácter humano de la migración cubana y se respeten los derechos establecidos por la Ley de Ajuste Cubano, evitando que familias sean tratadas como criminales.
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