Más de 325.000 habitantes de Matanzas enfrentan graves problemas con el suministro de agua debido a los prolongados apagones, la falta de combustible y el deterioro de los equipos de bombeo. Las autoridades locales aseguran que las extracciones ilegales y la manipulación de válvulas agravan aún más una situación que ya consideran insostenible.

La provincia de Matanzas atraviesa una de las situaciones más críticas relacionadas con el abastecimiento de agua potable en los últimos años. Directivos de Recursos Hidráulicos y de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado reconocieron que cientos de miles de personas reciben el servicio de forma irregular o, en muchos casos, permanecen días sin acceso al líquido.

Según explicaron durante una intervención oficial, el principal problema está relacionado con los constantes cortes eléctricos que afectan el funcionamiento de los sistemas de bombeo. En varias zonas de la provincia, los apagones se extienden entre 18 y 20 horas diarias, lo que impide mantener la presión necesaria para distribuir agua hacia numerosos barrios, especialmente los ubicados en áreas elevadas.

Las autoridades señalaron que muchos sistemas requieren entre diez y quince bombas operando simultáneamente, pero actualmente apenas funcionan unas pocas debido a averías y falta de energía. Además, reconocieron que durante este año se ha incrementado considerablemente la rotura de equipos, pues las interrupciones eléctricas provocan encendidos y apagados constantes que deterioran los motores.

Otro de los temas abordados fue la manipulación ilegal de válvulas y tuberías. Funcionarios denunciaron que algunas personas alteran el sistema de distribución para favorecer determinadas zonas o extraer agua mediante bombas privadas. Según indicaron, estas prácticas generan vacío en las tuberías, provocan daños técnicos y afectan el suministro hacia otros sectores de la ciudad.

Aunque admitieron sospechas sobre posibles irregularidades dentro del propio sistema de Acueducto, reconocieron que no cuentan con pruebas suficientes para demostrar actos de corrupción entre los operadores. No obstante, aseguraron que varios trabajadores han sido rotados de sus puestos como medida preventiva.

La escasez de combustible también limita el uso de carros cisterna para distribuir agua en comunidades afectadas. Mientras anteriormente podían abastecer a unas 12.000 personas mediante pipas, ahora la demanda supera las 100.000, una cifra que consideran imposible de cubrir con los recursos actuales.

Ante esta situación, muchos vecinos han optado por abrir pozos particulares para garantizar el acceso al agua. Las autoridades señalaron que esta alternativa puede ser válida para consumo doméstico, aunque insistieron en la necesidad de analizar la calidad sanitaria del agua antes de utilizarla.

Fuente: Con Voz de Pueblo

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