El Gobierno cubano volvió a colocar el foco en los conductores como principales responsables de la accidentalidad vial en el país. Así lo reflejan los datos oficiales presentados en la Comisión Nacional de Seguridad Vial correspondientes a 2025, donde las autoridades insistieron en que el llamado “factor humano” explica la mayor parte de los siniestros, minimizando el peso de problemas estructurales como el deterioro de las carreteras, la precariedad del parque automotor y la débil fiscalización estatal.

Según las cifras divulgadas, durante 2025 se registraron 7.538 accidentes de tránsito, con un saldo de 750 fallecidos y 6.718 lesionados. De acuerdo con la versión oficial, el 72% de los hechos estuvo relacionado con tres conductas atribuidas directamente a los choferes: no respetar el derecho de vía, la falta de atención al volante y el exceso de velocidad. El discurso gubernamental refuerza así una narrativa reiterada: la responsabilidad recae casi exclusivamente en quienes conducen.

El informe reconoce, no obstante, un cambio significativo en el escenario vial. El aumento sostenido de motos y ciclomotores, considerados “medios vulnerables”, ha transformado la dinámica del tránsito. Estos vehículos, junto con peatones, estuvieron involucrados en el 63% de los accidentes, una cifra que refleja la exposición de usuarios con menor protección física en un entorno marcado por carreteras en mal estado y una señalización deficiente.

A pesar de ello, el énfasis oficial se mantiene en la conducta individual. El crecimiento de conductores noveles —muchos de ellos obligados a usar motos ante la crisis del transporte público— es presentado como un riesgo, sin que se acompañe de una autocrítica sobre la falta de infraestructura segura o programas de formación eficaces.

La distribución territorial de los siniestros también muestra una concentración clara. La Habana, Villa Clara y Ciego de Ávila encabezaron las estadísticas más negativas en número de accidentes, fallecidos y lesionados. En el caso de la capital, las autoridades aluden a la alta densidad de tráfico, mientras que en el centro del país se repite un patrón que evidencia problemas persistentes sin soluciones estructurales visibles.

Otro dato revelador es la responsabilidad del sector estatal, implicado en la mitad de los accidentes en los que participaron sus vehículos. Pese a ello, el enfoque vuelve a centrarse en los choferes: de las 545 licencias suspendidas, el 98% correspondió a conductores estatales, a lo que se suman 97 licencias canceladas. Las cifras apuntan a fallas en la gestión, supervisión y disciplina de las flotas oficiales, aunque el régimen evita cuestionar los mecanismos institucionales que las sostienen.

El informe también señala como factores de riesgo la conducción bajo los efectos del alcohol y la circulación sin licencia. Aunque los accidentes relacionados con el alcohol disminuyeron, su gravedad aumentó. Además, el 31% de los conductores involucrados en siniestros no tenía licencia, un indicador que evidencia debilidad en los controles preventivos.

En cuanto a los animales sueltos en la vía, se reportó una reducción general, aunque provincias como Villa Clara y Santiago de Cuba mostraron incrementos, lo que revela problemas locales no resueltos.

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