Organizaciones proinmigrantes en California anunciaron acciones legales contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras denunciar un operativo violento en Los Ángeles, donde activistas aseguran haber sido amenazados con armas y sometidos a intimidación durante una redada migratoria.

Activistas defensores de inmigrantes en California preparan una demanda civil contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) luego de denunciar presuntos abusos cometidos durante un operativo realizado en Los Ángeles.

La información fue difundida inicialmente por N+ Univisión Los Ángeles, que entrevistó a los afectados y mostró detalles de las acusaciones contra los agentes federales. Según el reporte televisivo, el operativo ocurrió en la vivienda del activista Leonardo Martínez y terminó generando denuncias de intimidación, amenazas y uso excesivo de fuerza.

Laura Valdez González, una de las personas presentes durante la intervención, afirmó que agentes de ICE le apuntaron directamente con un arma de fuego. “Me apuntaron con una pistola en la cara”, declaró en entrevista con Univisión, mientras describía el operativo como una acción agresiva y desproporcionada.

De acuerdo con los denunciantes, los agentes irrumpieron en la vivienda sin ofrecer explicaciones claras y mantuvieron una actitud intimidatoria durante toda la intervención. Los activistas aseguran que el procedimiento forma parte de un patrón creciente de presión contra organizaciones que monitorean redadas migratorias y ofrecen apoyo legal a comunidades inmigrantes.

El caso ocurre en medio de un clima de tensión creciente por las políticas migratorias federales y el aumento de operativos de ICE en varios estados del país. Organizaciones civiles y grupos defensores de derechos humanos han advertido sobre denuncias recurrentes de acoso, perfil racial y uso excesivo de autoridad en redadas migratorias recientes.

Según Univisión, los afectados planean presentar una demanda federal alegando violaciones constitucionales, abuso de poder y daños emocionales derivados de la actuación de los agentes. Hasta el momento, ICE no ha emitido una respuesta pública detallada sobre las acusaciones específicas relacionadas con este operativo en California.

La controversia también reaviva el debate nacional sobre los límites legales de las operaciones migratorias y los derechos de ciudadanos y residentes durante intervenciones federales. En Los Ángeles y otras ciudades santuario, organizaciones comunitarias mantienen redes de vigilancia y respuesta rápida para documentar redadas y asistir a familias afectadas.

Mientras avanzan los preparativos legales, activistas inmigrantes insisten en que continuarán monitoreando las operaciones de ICE y denunciando cualquier presunto abuso contra las comunidades migrantes en Estados Unidos.

Fuente: Univisión Los Ángeles

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