La Aduana de Cuba detectó un cargamento de drogas ocultas en envases de yogurt y gelatina cuando intentaba ingresar al país mediante una carga no acompañada. De acuerdo con reportes difundidos por la prensa oficial, la investigación derivó en la identificación de una red que operaba la distribución en La Habana y que, según la versión divulgada, confesó cómo recibió el envío.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) señaló que el operativo ubicó a residentes cubanos como presuntos colaboradores del entramado, encargados de mover la sustancia conocida como “químico” o “papelito” en varios puntos de la capital.

Durante la redada, fueron arrestadas 24 personas que permanecen bajo proceso penal. Las autoridades informaron también la incautación de más de 11 millones de pesos cubanos (CUP), presuntamente destinados a financiar actividades delictivas. En el curso de la operación, se ocuparon además precursores químicos, vehículos y viviendas que, según la información oficial, eran utilizadas como laboratorios para la dosificación.

El Ministerio del Interior aseguró que la intervención impidió que más de un millón de dosis llegaran a las calles de municipios habaneros como San Miguel del Padrón, Regla y Diez de Octubre.

Medios estatales presentaron el caso como evidencia de la política de “tolerancia cero” frente a las drogas y sostuvieron que la mayoría de estas sustancias entra a la Isla procedente de EEUU.

En paralelo, el Partido Comunista de Cuba (PCC) calificó el fenómeno como un asunto de alta gravedad e instó a enfrentarlo “a sangre y fuego” a través de acciones educativas y el involucramiento de las comunidades.

En ese contexto, se recordó la aplicación de reformas legales recientes impulsadas desde el Tribunal Supremo, que han ajustado los criterios sobre la posesión de drogas sintéticas. Bajo ese enfoque, se ha señalado que no es imprescindible que el acusado cargue grandes cantidades para que el caso sea tratado como tráfico, a partir del aumento del consumo de cannabinoides sintéticos.

Uno de los primeros procesos judiciales bajo esas reglas se reportó en Ciego de Ávila. Allí, el Tribunal Provincial Popular impuso una sanción de ocho años de prisión a un joven de 18 años por portar 206 “papelitos” de cannabinoides sintéticos, conocidos como “el químico”.

Este tipo de sustancia, según las propias autoridades, ha generado preocupación por su impacto en la salud pública. En el juicio, el juez subrayó los riesgos asociados y defendió la necesidad de mantener un mensaje de “tolerancia cero” frente al narcotráfico y el consumo de drogas en el país.

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