El joven historiador cubano Alexander Hall Lujardo, de 26 años, denunció públicamente un patrón sistemático de hostigamiento político, persecución y arbitrariedad legal que —según afirma— la Seguridad del Estado ha desplegado para impedirle salir del país desde 2023. Hall asegura que las autoridades intentan forzarlo a realizar actos de autoinculpación pública como condición para recuperar su libertad de movimiento.
Graduado de Historia por la Universidad de La Habana y coordinador del libro Cuba 11J: Perspectivas contrahegemónicas de las protestas sociales, Hall afirma que su regulación migratoria comenzó un día después de la presentación del volumen, que analiza críticamente el estallido social del 11 de julio de 2021.
“Lo que ocurre conmigo es una práctica ilegal disfrazada de procedimiento administrativo”, denunció. Para él, la llamada “regulación” es un mecanismo opaco que se aplica sin orden judicial ni base legal clara, destinado exclusivamente a castigar voces independientes.
El joven investigador enumeró una serie de hechos que, sostiene, demuestran que el proceso es político:
Noviembre de 2023: sufrió un intento de agresión con arma blanca durante un operativo policial, luego de una detención arbitraria en el juicio de la ensayista Alina Bárbara López Hernández.
Septiembre de 2024: fue citado a Villa Marista como “testigo” y se le informó que su regulación se debía a un supuesto proceso penal contra el medio independiente El Toque, con el que ha colaborado intelectualmente.
Noviembre de 2025: pese a haber sido aceptado desde agosto en un programa de maestría en FLACSO-Ecuador, las autoridades le comunicaron que solo podría viajar si aceptaba una serie de condiciones “extorsivas y humillantes”, como autoinculparse públicamente y entregar dinero y equipos tecnológicos.
“Me exigen humillarme para devolverme mi libertad”, sostuvo Hall, quien se negó rotundamente.
El historiador asegura que la decisión viola artículos de la Constitución cubana vinculados a la libertad de pensamiento, libertad de expresión, movilidad, educación e integridad personal, así como tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a salir del propio país y a no sufrir interferencias arbitrarias.
Hall adelantó que interpondrá un recurso de amparo constitucional para intentar revertir la restricción, y llamó a la comunidad académica regional a mantenerse atenta a su caso.
La ensayista y académica Alina Bárbara López Hernández, co-presidenta de la sección Cuba de LASA, expresó su apoyo a Hall y calificó su denuncia como “valiente y fundamentada”. También alertó sobre el modus operandi de la Seguridad del Estado, que —según afirmó— emplea “estrategias mafiosas de extorsión sin dejar constancia escrita”, dejando al ciudadano indefenso ante el abuso.
Para Hall, lo que está en juego no es solo la posibilidad de estudiar en el extranjero, sino su seguridad personal y su futuro profesional. Aun así, afirmó que seguirá publicando en medios alternativos, revistas académicas y espacios públicos mientras permanezca en la Isla. “La libertad de pensamiento no es negociable”, concluyó.