La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un ambicioso plan para revisar nuevamente los casos de casi 200.000 refugiados que fueron admitidos en Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden. El cambio, revelado en un memorando interno obtenido por Associated Press, introduce uno de los mayores replanteamientos del programa de refugiados desde su creación en 1980 y ha generado preocupación entre defensores de inmigrantes, organizaciones humanitarias y los propios beneficiarios.
El documento, firmado por el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, acusa a la administración anterior de priorizar la “cantidad” y la “conveniencia” sobre la “verificación exhaustiva”, lo que justificaría —según señala— una revisión completa de todos los refugiados admitidos entre enero de 2021 y febrero de 2025. La medida incluye nuevas entrevistas, suspensión inmediata de aprobaciones de tarjetas verdes y la posibilidad de revocar casos ya aprobados si se determina que la persona “no debió haber calificado”.
USCIS confirmó que en un plazo de 90 días presentará una lista prioritaria de refugiados que deberán someterse a una nueva entrevista. El proceso podría afectar incluso a quienes ya obtuvieron la residencia permanente. Además, el memorando aclara que quienes pierdan su estatus no podrán apelar directamente ante USCIS, aunque sí podrán defenderse si su caso es llevado ante un tribunal de inmigración.
Organizaciones defensores de refugiados alertan sobre las graves consecuencias de esta iniciativa. Naomi Steinberg, vicepresidenta de HIAS, calificó el plan como “escandalosamente mal concebido” y expresó que obligar a personas ya investigadas y reasentadas a enfrentar nuevos interrogatorios “causará un trauma innecesario”. Los refugiados, recordó, son sometidos al proceso de verificación más riguroso entre todos los que buscan entrar legalmente a Estados Unidos, con evaluaciones que pueden durar años.
El anuncio se produce en un contexto de endurecimiento migratorio por parte de la administración Trump, que ya había suspendido temporalmente el programa de admisiones y reducido el límite anual a 7.500 refugiados —principalmente sudafricanos blancos—, la cifra más baja en más de cuatro décadas. Paralelamente, el gobierno ha intensificado operativos de deportación y procesos de revisión de beneficios migratorios como parte de su promesa de reforzar la seguridad nacional.
Entre octubre de 2021 y septiembre de 2024, la administración Biden admitió a 185.640 refugiados, con mayor representación de personas provenientes de la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela y Siria. Para muchos de ellos, la posibilidad de ser citados nuevamente por autoridades migratorias genera temor e incertidumbre, especialmente tras años de integración en sus comunidades.
Sharif Aly, presidente del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), fue categórico al denunciar la iniciativa: “Además de la enorme crueldad, sería un desperdicio colosal de recursos revisar a 200.000 personas que han vivido pacíficamente en el país durante años”. IRAP participa en una demanda que busca frenar la suspensión de admisiones ordenada por la administración.
Fuente: AP
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