En La Habana, una anciana trabajadora vinculada a la Casa de Abuelos de Reina enfrenta una situación límite que revela, una vez más, cómo la burocracia y la falta de sensibilidad institucional pueden empujar a los más vulnerables al abandono. Tras once meses de enfermedad que la obligaron a permanecer en reposo médico, hoy su mayor problema no es solo la salud, sino la ausencia del único ingreso que le permite sobrevivir, según dio a conocer el perfil oficialista "Las Cosas de Fernanda"

Desde el mes pasado, esta mujer no ha recibido el subsidio que le corresponde legalmente. Se trata de un pago esencial, no de un beneficio adicional, sino de su única fuente de sustento. Sin ese dinero, queda expuesta a la inseguridad alimentaria, a la imposibilidad de adquirir medicamentos y a una vida marcada por la angustia cotidiana.

El 17 de este mes decidió acudir personalmente al Policlínico Área 1 en busca de respuestas. Allí encontró lo habitual en demasiados casos similares: largas horas de espera, evasivas y ninguna solución concreta. Tras insistir, la única respuesta fue que el problema “podría resolverse el próximo mes”. Una frase que, pronunciada desde un buró, ignora una realidad elemental: quien no cobra hoy, no come hoy.

El origen del problema parece estar en errores administrativos y negligencias en el área económica del centro. Sin embargo, más grave que el fallo inicial es la ausencia total de urgencia para corregirlo. Nadie asume responsabilidades, nadie ofrece alternativas temporales, nadie explica cómo se supone que esta anciana debe subsistir mientras “se revisan papeles”.

El caso ilustra una práctica cada vez más extendida: funcionarios que gestionan salarios y subsidios sin que el retraso toque sus propias carteras. Desde esa comodidad, el tiempo se vuelve abstracto y la necesidad ajena, un asunto secundario. Pero para una persona mayor, enferma y sin redes de apoyo sólidas, cada día sin ingresos es una amenaza directa a su dignidad.

Resulta especialmente indignante que esta situación afecte a alguien que dedicó años a cuidar de otros ancianos. Hoy, cuando necesita protección, queda atrapada en un laberinto administrativo que la despoja de derechos básicos reconocidos incluso por las propias normas laborales del sistema.

El convenio colectivo establece plazos claros para estos pagos. Incumplirlos no solo es una violación legal, sino también un acto de profunda insensibilidad humana. La confianza en las instituciones se erosiona cuando quienes deberían proteger fallan de forma tan evidente.

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