En la Cuba actual, donde la crisis energética se ha convertido en una constante, cada litro de combustible representa un recurso valioso y limitado. Sin embargo, mientras la escasez golpea a hospitales, transporte público y servicios esenciales, se repiten con frecuencia escenas de despliegues policiales: caravanas de patrullas recorren calles y se realizan operativos en zonas consideradas “sensibles”, consumiendo gasolina que escasea para la vida cotidiana.

El contraste resulta evidente: la autoridad se mantiene abastecida, mientras la población enfrenta restricciones severas. Observadores y ciudadanos señalan que esta situación refleja una lógica arraigada en el sistema: primero se asegura la movilidad y operatividad de las fuerzas del orden, y después se consideran las necesidades del resto de la sociedad. La gasolina, lejos de ser un alivio para la vida diaria, se transforma en herramienta de control y presencia simbólica.

Patrullas visibles y citaciones preventivas forman parte de una estrategia de contención percibida por muchos como prioritaria frente a servicios esenciales. Cada litro destinado a estos fines representa un recurso que deja de llegar a hospitales, transporte colectivo o distribución de alimentos, exacerbando la precariedad de sectores críticos.

Mientras la narrativa oficial insiste en factores externos como sanciones y bloqueos, la percepción dentro del país evidencia una contradicción: se restringen actividades económicas y se mantienen férreos controles internos, a la vez que se justifica la escasez como resultado de causas estructurales. En la práctica, el combustible adquiere un valor político: determina qué sectores reciben atención y cuáles quedan en desventaja.

Los apagones prolongados, la limitación de transporte y la falta de bienes básicos conviven con la omnipresencia de la autoridad, reforzando una sensación de desgaste social. Si el objetivo fuera atender la crisis diaria de la población, la prioridad sería fortalecer servicios públicos y salud; sin embargo, la abundancia de gasolina para la vigilancia transmite un mensaje claro sobre la jerarquía de prioridades dentro del país.

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