El Parlamento cubano se prepara para debatir en julio un anteproyecto de Ley del Registro Civil que permitiría, por primera vez, que cualquier persona modifique el sexo en sus documentos legales en función de su identidad de género, sin necesidad de someterse a cirugía de reasignación ni de obtener una orden judicial.

Esta reforma ha sido presentada como un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las personas trans en la Isla, aunque sigue generando críticas por su enfoque restrictivo.

El proyecto ha sido respaldado por el CENESEX, dirigido por Mariela Castro, pero incluso dentro de ese sector oficialista se reconoce que la propuesta tiene limitaciones evidentes. En particular, se ha señalado que la ley mantiene un sistema binario que excluye a las personas no binarias, cuya existencia legal seguiría sin reconocimiento. Este vacío evidencia la falta de una legislación verdaderamente inclusiva sobre identidad de género en Cuba.

Una persona no binaria es aquella cuya identidad de género no se ajusta a los conceptos tradicionales de hombre y mujer. No se identifican exclusivamente con uno de estos géneros, y pueden experimentar su identidad de género de diversas maneras, como andrógina, intermedia, neutra, múltiple o fluctuante. 

"El anuncio coincide con un contexto simbólicamente cargado: la celebración de la 'conga contra la homofobia', un evento respaldado por el gobierno donde se proclamaban consignas como 'Socialismo sí, transfobia no'. Sin embargo, la brecha entre el discurso oficial y la legislación efectiva sigue siendo amplia."

Activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ+ han manifestado su escepticismo, recordando que, pese a las iniciativas del gobierno, aún no existen garantías reales ni un marco legal robusto que proteja de forma integral los derechos de esta población.

Actualmente, en Cuba solo es posible modificar el sexo registral tras una cirugía de reasignación genital, un procedimiento que en la práctica está paralizado por la crisis del sistema de salud. La reforma busca eliminar esa exigencia, lo cual representa un alivio para muchas personas trans, pero no resuelve los problemas estructurales más profundos.

Además de las cuestiones de inclusión, el anteproyecto enfrenta retos logísticos: la informatización del Registro Civil, parte central del plan, resulta difícil de concretar en un país con una infraestructura tecnológica deficiente.

Por otra parte, el nuevo régimen disciplinario para registradores podría facilitar un mayor control burocrático, lo que genera preocupación entre quienes ven esta reforma como un mecanismo de vigilancia más que como una verdadera ampliación de derechos.

"La ley forma parte de un paquete más amplio de reformas legales supuestamente dirigidas a modernizar el sistema jurídico cubano, en línea con la Constitución de 2019. No obstante, el contexto político, caracterizado por la represión al disenso y las limitaciones institucionales, pone en duda si esta 'modernización' es realmente un progreso o solo un cambio superficial sin consecuencias transformadoras reales."

La propuesta, aunque relevante, deja pendiente una legislación integral sobre identidad de género, capaz de reconocer la diversidad más allá del binarismo y ofrecer garantías reales a todas las personas LGBTIQ+ en Cuba.

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