El Gobierno de Bahamas decidió no renovar los contratos de 31 profesores cubanos que habían viajado al archipiélago para incorporarse al nuevo curso escolar, una decisión que deja nuevamente bajo presión el sistema mediante el cual La Habana obtiene ingresos por la contratación de sus profesionales en el extranjero.

Los docentes conocieron la decisión después de llegar al país y participar en una reunión en el hotel Breezes. Los profesionales estaban destinados principalmente a áreas técnicas como soldadura, agricultura y otros programas de formación especializada.

El Ministerio de Educación bahameño confirmó la cancelación y explicó que la prioridad será contratar a educadores nacionales cualificados. No obstante, dejó abierta la posibilidad de recurrir nuevamente a extranjeros cuando no existan candidatos locales con la preparación necesaria.

La decisión ocurre en un momento en que Bahamas revisa también la permanencia de profesionales cubanos de la salud. La información, difundida por Infobae, señala que la mayoría de los contratos de trabajadores sanitarios cubanos tampoco fueron extendidos, con excepciones para quienes poseen residencia legal o vínculos familiares en el país.

El cambio representa un golpe adicional para el sistema de exportación de servicios profesionales de Cuba, una actividad que durante años ha constituido una importante fuente de divisas para el régimen. Washington cuestiona particularmente el mecanismo mediante el cual el Gobierno cubano administra los contratos y retiene una parte considerable del dinero pagado por los países receptores.

Según cifras citadas por autoridades estadounidenses, el Estado cubano habría llegado a quedarse con entre 83,9% y 91,6% de los pagos correspondientes a determinados profesionales contratados en Bahamas. En el caso de los médicos, algunos acuerdos contemplaban pagos de hasta 12.000 dólares mensuales por especialista, mientras los trabajadores recibían una fracción de esa cantidad.

La presión internacional sobre este modelo aumentó en 2026. Estados Unidos sancionó al ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y a la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, Gretza Sánchez Padrón. También fueron incluidas entidades estatales vinculadas con la comercialización de servicios médicos cubanos.

Washington considera que las misiones profesionales cubanas presentan características de trabajo forzoso y ha acusado al régimen de beneficiarse económicamente de ellas. La Habana, por su parte, rechaza esas acusaciones y defiende sus programas de cooperación como una expresión de solidaridad internacional.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos añadió presión al cuestionar las condiciones denunciadas por participantes en estas misiones. El organismo recogió testimonios sobre retención de pasaportes, vigilancia y restricciones para abandonar los programas.

Bahamas ya había modificado en 2025 el sistema de contratación de profesores cubanos, eliminando la intermediación de una agencia estatal cubana y estableciendo contratos directamente con los profesionales.

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