Un nuevo método aplicado por la policía en La Habana, la operación Rastrillo, enciende alarmas entre ciudadanos y activistas, tras denuncias de detenciones prolongadas y presión psicológica para obligar al pago de multas estatales acumuladas.

Las autoridades cubanas han intensificado los mecanismos de control y recaudación mediante un nuevo procedimiento policial que, según denuncias independientes, combina intimidación, retención y presión psicológica para forzar el pago de multas estatales en La Habana. El método involucra a agentes de la policía y a la Brigada Especial Nacional, conocidos popularmente como “Boinas Negras”, una unidad asociada a operativos de alta intervención.

El caso del periodista independiente Pablo Morales Marchant ha servido para visibilizar esta práctica. Según su testimonio, fue interceptado en el Parque de la Fraternidad por varios agentes que lo rodearon y exigieron sus datos personales para verificar su situación en el Registro Operativo Policial. Tras la revisión, detectaron que mantenía una deuda de 32.000 pesos cubanos en multas acumuladas, monto que, según explicó, se había incrementado con el tiempo debido a recargos.

Morales relató que fue conducido a pie hasta una unidad policial en la calle Dragones, donde permaneció retenido durante 17 horas. Durante ese tiempo, asegura haber sido sometido a un proceso de presión psicológica orientado a que aceptara pagar la deuda. Antes de su liberación, fue obligado a firmar un acta de advertencia comprometiéndose a saldar el monto pendiente.

De acuerdo con su testimonio, los agentes justifican estas acciones como parte de un “trabajo profiláctico”, una práctica que comienza con la advertencia, pero que puede escalar a acusaciones de desobediencia si el ciudadano no cumple con el pago exigido. Esta estrategia, señalan críticos, transforma una infracción administrativa en un proceso con implicaciones coercitivas más graves.

El uso de fuerzas especiales para este tipo de acciones ha generado preocupación sobre una posible militarización de la vida cotidiana en Cuba. Para muchos ciudadanos, estos operativos reflejan un endurecimiento del control estatal en un contexto de crisis económica, donde el impago de multas puede responder más a la falta de recursos que a la voluntad de incumplir la ley.

Paralelamente, en Santiago de Cuba se han reportado operativos similares, aunque enfocados en el control del transporte. Más de 200 motocicletas y vehículos fueron retenidos por supuestas infracciones de tránsito, lo que ha generado malestar entre conductores y usuarios que dependen de estos medios ante el deterioro del transporte público.

Algunos ciudadanos han denunciado posibles actos de corrupción vinculados a estos procedimientos, alegando que en ocasiones se exige dinero extraoficial para recuperar los vehículos decomisados. Aunque las autoridades justifican las acciones en el cumplimiento de la ley, las críticas apuntan a un patrón de abuso de poder y falta de transparencia.

En conjunto, estas prácticas reflejan un clima de creciente tensión entre la población y las fuerzas del orden, donde las medidas de control parecen priorizar la recaudación y la disciplina social por encima de garantías básicas y derechos ciudadanos.

Fuentes: Periódico Cubano

Martí Noticias

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