El Gobierno de Bolivia denunció un perjuicio económico de aproximadamente 2,6 millones de dólares tras la operación de una ruta aérea hacia La Habana por parte de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), señalando que la decisión respondió a intereses ideológicos y no a criterios técnicos o de rentabilidad.

La acusación fue presentada ante la Fiscalía tras una auditoría oficial que analizó las operaciones realizadas entre 2023 y 2025. Según las autoridades, seis exfuncionarios del anterior gobierno están siendo investigados por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

De acuerdo con el informe, la apertura de la ruta desde Santa Cruz hacia la capital cubana no estuvo respaldada por un estudio técnico que justificara su viabilidad. En su lugar, se habría aprobado basándose en compromisos políticos, ignorando recomendaciones que sugerían priorizar destinos más rentables como Bogotá o Córdoba.

Los datos revelan que los vuelos operaron con una ocupación extremadamente baja. En varios casos documentados, las aeronaves despegaron con menos de 25 pasajeros, incluyendo un vuelo con apenas 11 personas a bordo, pese a tratarse de aviones con capacidad para más de 160 pasajeros.

Las pérdidas operativas ascienden a unos 2 millones de dólares, a lo que se suman otros costos derivados de la compra de divisas en el mercado informal para cubrir gastos en Cuba. Según la denuncia, BoA adquirió dólares a tasas muy superiores a las oficiales e incluso pagó comisiones adicionales a intermediarios financieros.

El informe también señala irregularidades en el manejo de fondos, incluyendo el traslado de grandes sumas de dinero en efectivo hacia La Habana, alrededor de 1,6 millones de dólares, fuera de los canales bancarios internacionales. Estas prácticas, según las autoridades, provocaron el cierre de cuentas de la aerolínea en el extranjero debido a incumplimientos de estándares financieros.

La ruta fue inaugurada en octubre de 2023 bajo el argumento de fortalecer la cooperación entre Bolivia y Cuba, en línea con las alianzas políticas impulsadas por anteriores gobiernos. Sin embargo, la actual administración ha marcado distancia con esos vínculos y cuestiona el uso de recursos estatales en iniciativas que no generaron beneficios económicos.

Fuente: Infobae y EFE

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