El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó una polémica reforma constitucional que permitirá imponer penas de cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años, una medida que ha generado preocupación en organismos internacionales de derechos humanos.

Las modificaciones, aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicadas en el Diario Oficial, entrarán en vigor el próximo 26 de abril. La nueva normativa contempla la aplicación de prisión perpetua para delitos graves como homicidio, feminicidio y violación, ampliando significativamente el alcance del sistema penal juvenil en el país.

Como parte de este paquete de reformas, también se realizaron cambios en el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras normativas vinculadas, como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley contra Actos de Terrorismo. Además, se introdujeron modificaciones en la Ley Penal Juvenil, que ahora permite que menores enfrenten sanciones equiparables a las de adultos en determinados casos.

Uno de los cambios más relevantes es la transformación de algunos juzgados de menores en tribunales de lo criminal, que serán los encargados de procesar los casos en los que se contemple la cadena perpetua. Asimismo, las autoridades incluyeron un mecanismo de revisión para estas sentencias, aunque no se han detallado sus alcances.

La reforma se produce en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador desde 2022, una medida que ha permitido la detención masiva de personas sospechosas de vínculos con pandillas. Según cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido arrestadas en este periodo, aunque el Gobierno sostiene que alrededor de un 10% ha sido posteriormente liberado.

Mientras las autoridades defienden estas acciones como parte de una estrategia efectiva para combatir la criminalidad, organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el impacto de estas políticas, especialmente en menores de edad.

El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han advertido que este tipo de medidas contradicen estándares internacionales, que establecen que los adolescentes en conflicto con la ley deben ser tratados bajo principios de rehabilitación y reintegración social, y que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso.

En la misma línea, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a revisar estas reformas, señalando que podrían vulnerar compromisos internacionales asumidos por el país.

Por su parte, el Gobierno salvadoreño ha defendido su política de seguridad y ha cuestionado a los organismos internacionales, acusándolos en ocasiones de priorizar los derechos de los delincuentes por encima de los ciudadanos.

Fuente: CNN

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