Malas noticias llegaron este jueves para miles de conductores inmigrantes en Estados Unidos: el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California anunció la revocación de alrededor de 17.000 licencias comerciales (CDL) emitidas a personas sin residencia permanente. La medida, reportada por la agencia EFE, desató una nueva confrontación entre el estado y la Administración del presidente Donald Trump.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean P. Duffy, aprovechó el anuncio para cargar contra el gobernador Gavin Newsom, acusándolo de entregar licencias comerciales a inmigrantes indocumentados.

“Esto es solo la punta del iceberg. Mi equipo seguirá presionando a California para que demuestre que ha retirado a todos los inmigrantes indocumentados de los camiones y autobuses escolares”, afirmó en un comunicado.

Las autoridades californianas respondieron que todas las licencias revocadas fueron otorgadas a personas que sí contaban con permisos de trabajo federales, y negaron haber emitido documentos a inmigrantes sin autorización laboral. Para ellas, la arremetida del Gobierno federal es parte del endurecimiento de sus políticas contra migrantes.

El conflicto se intensificó tras varios accidentes mortales vinculados a conductores inmigrantes con permisos de trabajo, a quienes la Administración federal ha catalogado de “ilegales”. Uno de los casos más comentados es el de Harjinder Singh, originario de India, acusado de provocar un accidente en Florida donde murieron tres personas. Duffy responsabilizó a California por haberle otorgado una CDL, mientras el DMV insistió en que Singh poseía un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

En medio de las tensiones, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) exigió una auditoría completa de todas las licencias comerciales otorgadas a no residentes, con el objetivo de identificar y anular cualquier documento emitido “de manera ilegal” y corregir fallos en el sistema estatal.

La presión federal no es nueva. En octubre pasado, el Departamento de Transporte (DOT) retuvo más de 40 millones de dólares destinados a California tras concluir que el estado no cumplía los requisitos de dominio del inglés impuestos durante el primer mandato de Trump. Además, a finales de abril, la Casa Blanca activó una orden ejecutiva que obliga a incluir una prueba de inglés obligatoria para aspirantes a licencias comerciales, bajo el argumento de reforzar la “seguridad pública”.

La ofensiva continuó en agosto, cuando el Departamento de Estado detuvo la tramitación de visas de trabajo para camioneros, una decisión que generó preocupación entre inmigrantes amparados por permisos como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras autorizaciones laborales vigentes.

Todo esto ocurre mientras Estados Unidos enfrenta desde hace años un déficit estructural de conductores, estimado en más de 60.000 vacantes. La incorporación de inmigrantes había ayudado a paliar la escasez, por lo que expertos advierten que la suspensión de visas y la revocación masiva de licencias podrían agravar la crisis de mano de obra en un sector esencial para la cadena de suministros.

Para miles de conductores inmigrantes, la noticia representa un golpe que amenaza su estabilidad laboral, mientras el pulso político entre California y Washington sigue escalando en medio del debate nacional sobre inmigración y seguridad vial.

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