El Gobierno de Camagüey inició este lunes un operativo integral de fiscalización dirigido a actores económicos estatales y privados, con el objetivo declarado de frenar los llamados precios abusivos y las prácticas especulativas en la provincia.

Las inspecciones se desarrollan en la ciudad de Camagüey y el resto de los municipios, donde grupos de trabajo revisan la actividad comercial y los servicios ofrecidos por los diferentes actores económicos. Entre las prioridades figura la comprobación de la correcta formación de los precios y el cumplimiento de las disposiciones fiscales y comerciales.

Las autoridades anunciaron una atención especial a los precios minoristas de productos considerados de alto impacto para la población, entre ellos aceite, picadillo de carne, pollo, azúcar, leche en polvo, arroz y salchichas, además de otros alimentos de primera necesidad.

El operativo también contempla la revisión de las cuentas bancarias fiscales, las obligaciones tributarias de los contribuyentes y el empleo de los medios electrónicos de pago. Las autoridades verificarán además el cumplimiento de las disposiciones sobre bancarización y los depósitos relacionados con las operaciones comerciales.

Dentro de las acciones anunciadas se incluye igualmente el enfrentamiento a personas que comercializan productos sin contar con la autorización legal correspondiente. El Gobierno provincial identifica a estos vendedores como revendedores y los acusa de aprovecharse de las necesidades de la población mediante prácticas especulativas.

Las autoridades advirtieron que aplicarán las medidas establecidas por la legislación ante las irregularidades detectadas durante las inspecciones.

El nuevo operativo se produce en un contexto de persistente inflación y pérdida del poder adquisitivo en Cuba, donde los precios de numerosos productos básicos han aumentado muy por encima de los ingresos de buena parte de la población.

Aunque el discurso oficial responsabiliza a comerciantes y revendedores por los llamados precios abusivos, los controles no incluyen únicamente al sector privado. Las inspecciones abarcan también a entidades estatales, con la intención declarada de comprobar que todos los participantes en el mercado cumplan las regulaciones vigentes.

Fuente: Verdades a Través del Móvil

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