Un ciudadano estadounidense está exigiendo una indemnización de un millón de dólares al gobierno federal tras haber sido arrestado mientras grababa una redada migratoria en un Home Depot de Los Ángeles. Job García, de 37 años, estudiante de doctorado y repartidor, fue detenido por agentes federales de inmigración y retenido por más de 24 horas, a pesar de que no existía ninguna orden de arresto en su contra.

El caso ha sido asumido por el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que presentó una reclamación administrativa como paso previo a una demanda civil. La organización acusa a los agentes de haber cometido asalto, arresto y encarcelamiento ilegales, además de violar derechos constitucionales del ciudadano, como la libertad de expresión y protección contra registros e incautaciones arbitrarias.

Según MALDEF, los hechos ocurrieron cuando García se encontraba trabajando como repartidor y se detuvo en el estacionamiento del Home Depot en Hollywood. Al percatarse de una operación de ICE y la Patrulla Fronteriza contra supuestos inmigrantes sin documentos, comenzó a grabar con su celular. Al ver que los detenidos eran todos de origen latino, García y otros presentes advirtieron a un conductor que no abriera su vehículo ni hablara con los agentes.

Fue entonces cuando, según la denuncia, un agente enmascarado se abalanzó sobre García, intentó arrebatarle el celular, lo tiró al suelo y lo inmovilizó con la ayuda de otros oficiales. MALDEF asegura que el estudiante no opuso resistencia, pero fue sometido con violencia, con una rodilla en la espalda y el rostro presionado contra el pavimento, lo que le causó dificultades para respirar. “Temió por su vida”, afirma el reclamo legal.

García fue trasladado esposado al estadio de los Dodgers, donde los agentes confirmaron que era ciudadano estadounidense y no tenía antecedentes penales. Aun así, fue llevado al Centro de Detención Metropolitano del centro de Los Ángeles y no fue liberado hasta el día siguiente, sin cargos ni citación judicial.

Durante su detención, según MALDEF, García fue objeto de burlas y comentarios racistas, y presenció a los agentes celebrar la cantidad de personas detenidas ese día. También intentaron interrogarlo sin haberle leído correctamente sus derechos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que García “agredió verbal y físicamente” a un agente, por lo que fue arrestado. No obstante, MALDEF sostiene que fue castigado simplemente por ejercer su derecho a documentar una redada pública y por tratar de informar a otros de sus derechos.

Ernest Herrera, abogado de MALDEF, señaló que esta acción busca enviar un mensaje claro al gobierno federal: “No se puede permitir que las autoridades ataquen a personas por grabar o hablar. Esto es un ataque a la Primera Enmienda y a la libertad cívica”.

García sufrió contusiones en diversas partes del cuerpo, perdió entre 2.500 y 3.000 dólares por días no trabajados, y enfrenta secuelas emocionales que lo han llevado a interrumpir sus estudios de doctorado.

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