Una gestora comercial de la empresa estatal Correos de Cuba fue sentenciada a cuatro años de prisión tras ser declarada culpable del delito de malversación, luego de apropiarse de más de 57,000 pesos destinados al pago de pensiones y giros postales en una oficina rural del municipio de Majagua, en la provincia de Ciego de Ávila. La información fue divulgada oficialmente este martes por el Tribunal Supremo Popular de Cuba.

Además del proceso penal contra la empleada, el Tribunal Municipal Popular de Majagua juzgó a la directora de la misma sucursal postal, ubicada en la localidad de Orlando González, por “incumplimiento del deber de proteger los bienes del Estado”. Aunque la directora no obtuvo beneficio económico alguno, recibió la sanción de trabajo correccional sin internamiento durante un año. La nota oficial no reveló los nombres de las acusadas.

De acuerdo con las autoridades, en un período de tres meses la gestora se apropió de 33,110 pesos correspondientes a pagos de pensiones y 23,961 pesos de giros postales que no fueron entregados a sus destinatarios o no llegaron a emitirse. Según la versión oficial, los afectados comparecieron como testigos en el juicio y describieron el modus operandi de la funcionaria, quien alegaba que no había efectivo disponible para pagar las chequeras mensuales.

El mismo proceder utilizó con remitentes y destinatarios de giros postales, cuyos montos también retuvo para su beneficio personal. Durante varios meses, las irregularidades no despertaron sospechas y permanecieron ocultas hasta que una investigación paralela por la desaparición de ventiladores en la oficina propició la presencia de una comisión provincial. Fue entonces cuando varias víctimas manifestaron sus quejas, lo que permitió detectar incongruencias en carnés de identidad, comprobantes falsificados y otras anomalías que, según la fuente oficial, habrían podido descubrirse con mayor control.

El tribunal calificó el hecho como “vergonzoso”, subrayando la vulnerabilidad de las víctimas, en su mayoría ancianos, jubilados y personas de escasos recursos. Aunque la acusada manifestó arrepentimiento, las autoridades señalaron que ello no la exime de la sanción penal ni del rechazo social derivado de sus actos.

La sentencia impuso cuatro años de privación de libertad a la gestora, en base al Artículo 297.1 del Código Penal, y un año de trabajo correccional sin internamiento a la directora, según el Artículo 303.1. Además, ambas recibieron sanciones accesorias como la privación de derechos públicos, la prohibición de ejercer cargos y el impedimento de salida del país. La nota no precisó si el dinero sustraído fue reintegrado a las víctimas.

Fuente: Tribunal Supremo Popular

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