Con la condición de “no hacer publicaciones ni denuncias en redes”, el régimen cubano excarceló al adolescente Jonathan Muir Burgos tras más de tres meses en prisión provisional, mientras crece la incertidumbre sobre si la Fiscalía mantendrá el proceso por “sabotaje” o si adoptará nuevas medidas cautelares en su contra.

La excarcelación del adolescente Jonathan Muir Burgos de 16 años, tras más de tres meses en prisión en la cárcel de Canaleta, en Ciego de Ávila, ha abierto una nueva etapa marcada por la incertidumbre jurídica y las restricciones impuestas a su situación.

Según confirmó su padre, el pastor evangélico Elier Muir, a DIARIO DE CUBA, el menor fue liberado este miércoles bajo una condición expresa: “no hacer publicaciones ni denuncias en redes”, una medida que limita su capacidad de hablar públicamente sobre su detención y el proceso judicial en curso.

Hasta el momento, no se han divulgado las condiciones exactas de su excarcelación desde el punto de vista legal. Se desconoce si el proceso penal por el supuesto delito de “sabotaje” continúa abierto, si la Fiscalía cubana solicitará nuevas medidas cautelares o si el caso será reevaluado tras la presión internacional ejercida en las últimas semanas.

El joven permanecía en prisión provisional desde inicios de abril, acusado de participar en las protestas ocurridas el 13 de marzo en Morón. Su detención generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, que denunciaron su encarcelamiento en un centro para adultos pese a su condición de menor de edad.

Durante su reclusión, su familia denunció reiteradamente las condiciones del centro penitenciario, incluyendo problemas de salud asociados a la falta de atención médica, la presencia de chinches y el deterioro físico y psicológico del adolescente. Estas denuncias fueron respaldadas por organizaciones como Freedom House y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares en su favor.

A nivel internacional, el caso también provocó pronunciamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Unión Europea, que instaron a las autoridades cubanas a liberar al menor y garantizar su bienestar. Sin embargo, las autoridades cubanas no han ofrecido información oficial detallada sobre la base jurídica de la excarcelación ni sobre el estado actual del expediente penal.

El silencio institucional deja abierta la principal interrogante del caso: si la Fiscalía mantendrá la acusación por “sabotaje”, un delito que podría implicar penas severas, o si optará por archivar o modificar los cargos tras la presión internacional y la exposición mediática del caso.

Por ahora, la salida del adolescente no representa el cierre del proceso, sino el inicio de una etapa aún indefinida en la que persisten las dudas sobre su situación legal y las restricciones impuestas tras recuperar la libertad.

Fuente: Diario de Cuba

Alina Bárbara Hernández-Martí Noticias

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