El Consejo de Ministros aprobó una medida que impacta directamente en los ingresos de miles de trabajadores del sector presupuestado en Cuba, al autorizar pagos adicionales al salario como incentivo a la estabilidad laboral y al reconocimiento del desempeño. La decisión quedó oficializada mediante el Acuerdo 10199, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 45 del 11 de agosto de 2025, y permite a las entidades redistribuir recursos no ejecutados del fondo de salarios para destinarlos a estímulos económicos.

Según lo establecido, las unidades presupuestadas podrán utilizar el remanente de su fondo salarial para otorgar un pago adicional a los trabajadores de todas las categorías ocupacionales, incluidas aquellas entidades con tratamiento especial dentro del sistema presupuestado. El objetivo principal de esta medida es fortalecer la permanencia de la fuerza laboral, reducir la rotación de personal y reconocer el aporte de quienes asumen mayores niveles de responsabilidad o muestran mejores resultados en su desempeño.

Un elemento clave del acuerdo es que el pago adicional se considera salario a todos los efectos legales. Esto significa que tributa, se tiene en cuenta para los cálculos laborales correspondientes y se reconoce dentro del marco jurídico vigente. No obstante, la norma aclara que no se trata de un aumento salarial permanente ni de aplicación masiva, sino de un incentivo puntual o temporal, condicionado estrictamente a la disponibilidad real de recursos no utilizados en cada entidad.

Para implementar el beneficio, cada unidad presupuestada deberá elaborar y aprobar un reglamento interno con la participación de la organización sindical. En ese documento se definirán los criterios para la asignación del pago, basados en indicadores como el desempeño laboral, las competencias, el nivel de responsabilidad y las necesidades específicas del servicio. También se establecerá la periodicidad del incentivo, que puede ser un pago único o repetirse durante un período determinado, así como los mecanismos de control y las autoridades encargadas de certificar su correcta aplicación.

La distribución del monto y la forma de otorgamiento deberán ser acordadas en el Consejo de Dirección de cada entidad, con participación sindical, y comunicadas de manera transparente a todos los trabajadores, con el fin de evitar arbitrariedades y garantizar equidad en el proceso.

Sin embargo, el acuerdo también establece excepciones. Quedan fuera de este beneficio aquellos trabajadores que ya reciben tratamientos salariales diferenciados, como determinados profesionales de la salud y docentes con regímenes especiales, con el propósito de evitar duplicidades en los estímulos económicos.

En un contexto marcado por limitaciones financieras y por la necesidad de retener personal calificado en sectores clave, esta medida busca ofrecer un alivio parcial y focalizado, al tiempo que introduce mayor flexibilidad en la gestión de los fondos salariales. Aunque no representa una solución estructural a los bajos ingresos, sí abre una vía para reconocer el esfuerzo y la estabilidad laboral en aquellas entidades que logren una ejecución más eficiente de sus recursos.

Fuente: Gaceta Oficial

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