La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar esta semana argumentos que podrían redefinir el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton, normativa de 1996 que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que utilicen propiedades confiscadas por el régimen cubano tras la revolución de 1959.

Dos casos emblemáticos centran la atención de los magistrados: uno enfrenta a la petrolera ExxonMobil contra la estatal cubana CIMEX, vinculada al conglomerado militar GAESA, y otro involucra a Havana Docks Corporation contra cuatro gigantes navieros internacionales: Carnival Corporation, Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise Line Holdings y MSC Cruises.

ExxonMobil reclama más de 1.000 millones de dólares por activos petroleros y de gas expropiados en 1960. El litigio se centra en si CIMEX puede invocar la inmunidad soberana extranjera para evitar la demanda. La empresa estadounidense argumenta que las decisiones judiciales previas imponen barreras a la recuperación de los derechos de los ciudadanos afectados, mientras que CIMEX sostiene que se protege el criterio del Congreso sobre este asunto sensible.

Por su parte, el caso de Havana Docks involucra un total de 440 millones de dólares por el uso de muelles en La Habana entre 2016 y 2019. Inicialmente, un juez federal consideró a las navieras responsables por “traficar” con propiedad confiscada, pero un tribunal de apelaciones anuló esas sentencias. La disputa actual gira en torno a si los demandantes deben demostrar que tendrían un interés de propiedad vigente hoy en los activos. Las compañías sostienen que pagar estas sumas por seguir políticas de viaje autorizadas por la administración de Barack Obama “desafía el sentido común”.

El Título III nunca ha sido interpretado directamente por la Corte Suprema. Históricamente, ha permanecido suspendido por decisiones presidenciales de Clinton, Bush y Obama, para evitar conflictos diplomáticos con países con inversiones en Cuba. La reactivación bajo Donald Trump generó alrededor de 40 demandas, muchas de las cuales avanzan lentamente en tribunales.

Expertos legales alertan sobre las implicaciones multimillonarias y el precedente histórico que puede generar el fallo. Según la profesora Ingrid Brunk, de Vanderbilt, “la recuperación bajo Helms-Burton es más difícil de lo que el Congreso anticipó, pero eso no significa que cada demandante deba ganar”. Mientras tanto, el futuro de las reclamaciones y la aplicación de la Ley Helms-Burton sigue en suspenso, en medio de tensiones crecientes entre Washington y La Habana.

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