El gobierno de Estados Unidos anunció la expansión de una controvertida política migratoria que exigirá a los ciudadanos de varios países, entre ellos Cuba, depositar una fianza de hasta 15 000 dólares como parte del proceso de solicitud de visas de turismo o negocios (categorías B1/B2). Esta medida, que forma parte de una ampliación de un programa iniciado en 2025, entra en vigor el 21 de enero de 2026 y ha generado preocupación entre organizaciones migratorias y solicitantes potenciales.

Según un aviso oficial del Departamento de Estado, la lista de países sujetos a esta fianza, que inicialmente era mucho más reducida, ha sido casi triplicada, pasando de 13 a un total de 38 naciones. La mayoría de ellas se encuentran en África, pero también se incluyen países de Asia, América Latina y el Caribe, tales como Bangladesh, Nepal, Venezuela y Cuba.

La fianza —que puede establecerse en 5 000, 10 000 o 15 000 dólares según lo determine el oficial consular durante la entrevista— no garantiza en ningún caso la aprobación de la visa. Su propósito, según las autoridades estadounidenses, es “disuadir a los visitantes de quedarse más tiempo del permitido y asegurar el cumplimiento de los términos de la visa”. Sin embargo, el pago solo se realiza después de una orden expresa del funcionario consular y debe efectuarse a través del portal oficial del gobierno (Pay.gov) para evitar estafas o pérdidas de dinero.

Una vez depositada, la fianza puede ser reembolsada si el solicitante cumple con todas las condiciones del visado, incluido salir del país dentro del tiempo autorizado, o si la visa es negada. No obstante, el requisito de pagar sumas tan altas representa una barrera significativa para muchas familias y potenciales viajeros, especialmente en regiones con bajos ingresos promedio.

Además del pago de la fianza, los solicitantes incluidos en este programa deberán entrar y salir de Estados Unidos únicamente por aeropuertos designados, como Boston (Logan), Nueva York (JFK) o Washington (Dulles). El incumplimiento de estas rutas establecidas también puede afectar la devolución de la fianza y futuras solicitudes.

La política se inscribe dentro de un contexto más amplio de endurecimiento migratorio implementado por la actual administración, que también ha reforzado la obligación de entrevistas presenciales, aumentado requisitos documentales y elevado ciertas tarifas consulares. Defensores de los derechos de los migrantes han criticado estas medidas, argumentando que dificultan aún más los canales de ingreso legal y podrían incentivar vías migratorias irregulares para quienes no pueden afrontar estas cargas económicas.

Fuentes: Reuters - AP News

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