Un nuevo informe de la organización Prisoners Defenders alerta que Cuba ha alcanzado una cifra récord de 1.250 presos políticos a finales de marzo, en lo que describe como la consolidación de un sistema de represión cada vez más amplio y dirigido contra la protesta pacífica, la libertad de expresión y sectores vulnerables de la sociedad.

Según el reporte, en el último mes se verificaron 44 nuevos casos de personas detenidas por motivos políticos, en su mayoría ciudadanos sin afiliación partidista y de origen humilde. El documento sostiene que este incremento refleja un patrón sostenido de detenciones arbitrarias en todo el país.

El presidente de la organización, Javier Larrondo, señaló en declaraciones a Infobae que el fenómeno no es aislado y que en los últimos 12 meses se han registrado 205 nuevos casos, con un impacto creciente en mujeres, menores de edad, activistas, periodistas y familias completas.

El informe también destaca un aumento en la presencia de mujeres entre los detenidos, con 145 presas políticas registradas actualmente. Asimismo, advierte sobre la existencia de al menos 33 menores de edad en prisión por motivos relacionados con protestas o expresiones públicas.

Uno de los aspectos más sensibles señalados por la organización es el impacto de la represión sobre núcleos familiares. El documento describe casos en los que madres, hijos y familiares cercanos han sido detenidos tras participar en protestas o incluso por reclamar la liberación de sus allegados.

Entre los ejemplos citados figura el de una joven creadora digital de 21 años, Anna Sofía Benítez Silvente, y su madre, quienes habrían sido sometidas a reclusión domiciliaria tras difundir en redes sociales imágenes de actuaciones policiales.

El informe sostiene que este tipo de acciones se ha convertido en una práctica recurrente, donde la actividad en redes sociales o la denuncia pública puede derivar en procesos penales o medidas restrictivas.

También se documentan detenciones de familiares de presos políticos, incluyendo personas de avanzada edad que han sido arrestadas tras exigir la liberación de sus parientes, lo que evidencia —según el reporte— la extensión del castigo más allá del individuo detenido.

Prisoners Defenders afirma haber verificado prácticas como detenciones sin orden judicial, incomunicación, negación del derecho a la defensa y el uso de figuras penales ambiguas. Estas acciones afectarían tanto a manifestantes como a periodistas independientes y creadores de contenido digital.

El informe señala además que en provincias como La Habana y Ciego de Ávila se habrían intensificado las operaciones policiales, con participación de fuerzas especiales en redadas y detenciones masivas tras protestas locales.

Otro elemento alarmante es la situación de salud de cientos de reclusos. El reporte indica que 447 presos políticos padecen enfermedades graves agravadas por las condiciones carcelarias, mientras que 47 presentan trastornos mentales sin acceso adecuado a tratamiento médico.

La organización advierte que al menos 32 personas se encuentran en riesgo inminente de muerte si no son excarceladas, debido a enfermedades crónicas, malnutrición o falta de atención sanitaria.

El informe concluye con un llamado a la comunidad internacional a intervenir ante lo que califica como una crisis humanitaria prolongada, marcada por la ausencia de garantías judiciales y el aumento sostenido de la represión contra la disidencia en la isla.

(Con información de Infobae)

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