El Gobierno cubano aprobó nuevas reglas para las mipymes y otras formas de gestión privada que permiten, por primera vez, la creación de empresas con más de 100 empleados. La reforma también amplía las facultades para importar y exportar, invertir, asociarse con capital extranjero y permitir la participación de cubanos residentes en el exterior.

El Gobierno cubano introdujo una nueva reforma al marco legal que regula al sector privado, con cambios que permiten ampliar el tamaño y las facultades de las empresas privadas en la Isla.

Las modificaciones quedaron establecidas mediante el Decreto-Ley 133/2026, publicado el 2 de septiembre en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. La normativa modifica disposiciones anteriores relacionadas con las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.

Uno de los principales cambios es la eliminación del límite que impedía a las empresas privadas superar los 100 trabajadores. A partir de la nueva clasificación, las microempresas tendrán entre uno y 10 empleados; las pequeñas, entre 11 y 35; y las medianas, entre 36 y 100. Las compañías que superen esa cifra pasarán a ser consideradas empresas privadas con más de 100 trabajadores.

La reforma también amplía las facultades de estas entidades. Las empresas podrán administrar su patrimonio, establecer los productos y servicios que comercialicen, operar cuentas bancarias, organizar su estructura laboral, realizar inversiones y asociarse con capital extranjero, siempre bajo las condiciones establecidas por la legislación cubana.

Otro cambio relevante es la autorización para realizar operaciones de importación y exportación directa. Para desarrollar estas actividades, las empresas deberán obtener la autorización correspondiente del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

El nuevo marco también abre la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior participen como socios de empresas privadas en Cuba, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Igualmente, se contempla la participación de extranjeros con residencia permanente en el país.

Las compañías podrán crear establecimientos sin personalidad jurídica dentro o fuera de la provincia donde tengan su domicilio social. Además, el decreto establece procedimientos para la transformación, fusión, escisión y extinción de empresas privadas.

Pese a la ampliación de estas posibilidades, el Estado mantiene importantes mecanismos de regulación, supervisión e inspección. Las empresas deberán cumplir obligaciones tributarias, financieras, laborales y estadísticas, mientras organismos estatales, la Contraloría General y la Fiscalía conservarán facultades de control.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor siete días después de su publicación oficial, abriendo una nueva etapa para el sector privado cubano bajo un marco que combina mayores posibilidades empresariales con una fuerte supervisión estatal.

Fuente: Asamblea Nacional Poder Popular - Ministerio Economía y Planificación

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