Cuba cuenta desde esta semana con una nueva Ley de Aduanas, que establece cambios significativos en la manera en que la Aduana General de la República (AGR) opera en el país. Esta reforma legal, oficializada con la publicación del Decreto-Ley 108 “De Aduanas”, su reglamento Decreto 134 y nueve resoluciones complementarias, reemplaza una legislación que había estado vigente por más de 30 años.

Según el comunicado de la Aduana compartido en redes sociales, las nuevas disposiciones tienen como objetivo modernizar los procedimientos, armonizar los procesos y ofrecer un servicio más ágil, transparente y profesional. Esta reforma se alinea con los estándares internacionales de la Organización Mundial de Aduanas y busca facilitar las operaciones tanto de comercio exterior como de los viajeros. La implementación de esta nueva legislación también introduce la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el Operador Económico Autorizado, además de promover la informatización de los trámites aduaneros.

A pesar de los beneficios señalados, la nueva Ley de Aduanas también otorga mayores facultades de control a la institución. El Decreto-Ley 108 amplía las competencias de la Aduana en áreas como la retención, decomiso y control de mercancías y documentos. Asimismo, refuerza la capacidad de inspeccionar personas, equipajes y medios de transporte mediante sistemas de vigilancia y unidades caninas, con el objetivo de garantizar no solo la protección de las fronteras económicas, sino también la “seguridad de la sociedad socialista”, lo que la vincula estrechamente a los intereses políticos del Estado.

El nuevo marco legal también otorga a la Aduana la facultad de impedir el acceso a áreas estériles o impedir el abordaje de pasajeros que se nieguen a someterse a los controles establecidos, lo que genera inquietud entre viajeros y cubanos en el exterior. A pesar de que se mantiene la facilitación del comercio, la concentración de poder en la jefatura de la Aduana y la discrecionalidad de muchas de sus decisiones han generado críticas por parte de aquellos que denuncian abusos previos, como decomisos arbitrarios y multas desproporcionadas.

Aunque las autoridades aseguran que los beneficios vigentes para la importación de productos esenciales como alimentos, medicamentos y planta eléctrica se mantendrán, muchos temen que esta “modernización” realmente refuerce el aparato de control estatal, lo que podría impactar negativamente en las familias cubanas que dependen de estas importaciones en medio de la crisis económica que enfrenta el país.

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