El Decreto 143, publicado en la Gaceta Oficial de Cuba, establece cambios en la formación de precios de productos agropecuarios y forestales, con mecanismos diferenciados entre control estatal y gestión local, así como nuevas obligaciones de transparencia para las autoridades.

La publicación del Decreto 143 en la Gaceta Oficial de Cuba, el 9 de abril de 2026, introduce un conjunto de modificaciones en el sistema de comercialización de productos agropecuarios y forestales, con énfasis en la organización del mercado y la definición de precios. La normativa establece distintos mecanismos para la fijación de precios, en función del tipo de producto y las condiciones de comercialización.

El decreto mantiene los llamados precios centralizados, que continúan siendo definidos por el Estado conforme a la legislación vigente. Este sistema se aplica principalmente a productos considerados estratégicos o de alto impacto en la población. Paralelamente, se introduce un esquema de precios descentralizados para aquellos productos que no estén sujetos a control estatal directo ni a contratos previamente establecidos.

En estos casos, la determinación de precios recaerá en las autoridades locales. El gobernador provincial, junto con el Consejo de la Administración Municipal y un Comité de Contratación, será responsable de acordar los valores, tomando en cuenta factores como los costos de producción, la disponibilidad de los productos, el rendimiento agrícola y las condiciones específicas del mercado en cada territorio.

Como resultado, el decreto contempla la posibilidad de variaciones de precios entre municipios, lo que responde a diferencias en la producción y la oferta local. Este enfoque erritorial implica que los consumidores podrían encontrar distintos precios para un mismo producto dependiendo de la región donde se comercialice.

Otro elemento incorporado en la normativa es la obligación de publicar los precios oficiales a través de los portales web y redes sociales de las autoridades locales. Esta medida busca garantizar el acceso a la información por parte de la población y facilitar el seguimiento de los valores establecidos.

El decreto también permite a los gobiernos locales regular aspectos de la comercialización, aunque especifica que estas disposiciones no pueden modificar contratos previamente firmados, salvo acuerdo entre las partes involucradas.

Adicionalmente, se introducen precios diferenciados para productos orgánicos y agroecológicos certificados, los cuales podrán alcanzar valores superiores debido a sus características específicas y su posible inserción en mercados especializados.

Finalmente, la normativa establece que los precios aprobados no deben generar subsidios, lo que implica una orientación hacia la correspondencia entre costos reales y precios de venta dentro del mercado agropecuario.

Fuentes: Directorio Cubano

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