En un intento por retomar el control ante el preocupante aumento del consumo de drogas en el país, el régimen cubano anunció que el próximo 4 de julio pondrá en marcha el Observatorio Nacional de Drogas. El nuevo ente, respaldado por el programa europeo Copolad III, busca monitorear el fenómeno de las sustancias psicoactivas emergentes y generar datos que permitan elaborar políticas públicas efectivas.

Sin embargo, el anuncio oficial contrasta con la realidad que se vive en las calles de la isla. En los últimos años, el consumo de drogas —especialmente entre los jóvenes— se ha disparado en barrios, escuelas, centros nocturnos y hasta en zonas rurales. Las autoridades cubanas, con una política de “tolerancia cero” que prioriza el castigo sobre la prevención, han perdido el control sobre una problemática que se ha convertido en una crisis de salud pública silenciosa.

Testimonios desde distintas provincias apuntan a la proliferación de sustancias como el clonazepam, los inhalantes caseros, y mezclas adulteradas que circulan libremente en fiestas y esquinas. Las cifras oficiales son escasas, pero en redes sociales y medios independientes se multiplican los reportes de sobredosis, detenciones arbitrarias y colapsos por drogas, lo que refleja un deterioro progresivo del tejido social.

Aun así, las autoridades insisten en resaltar los aspectos técnicos del nuevo Observatorio. Según Pilar Varona Estrada, viceministra de Justicia, el centro contará con tres redes operativas: una de información, otra de investigación y una tercera enfocada en alertas tempranas. Promete ser “el único de su tipo en el mundo con esa estructura integrada”, aunque no se ha detallado públicamente cómo funcionará en la práctica ni cómo se garantizará la transparencia de sus datos.

En Cuba, la drogadicción ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en una preocupación visible y cotidiana. Ya no se limita a sectores marginales: afecta a estudiantes, trabajadores, menores de edad y también a profesionales, en un país con escasas opciones de esparcimiento y un contexto socioeconómico cada vez más crítico.

Aunque el régimen insiste en aplicar su legislación con “rigor y severidad” contra el tráfico de drogas, los resultados son insuficientes. Las redes de distribución operan con impunidad creciente y las campañas preventivas son limitadas, reducidas a eslóganes sin conexión real con la complejidad del fenómeno.

El nuevo Observatorio podría ser una herramienta útil, siempre que se utilice con criterios científicos, abiertos y participativos. Pero si se convierte en otro aparato burocrático para maquillar la situación, poco aportará en la lucha contra una crisis que ya ha tomado por sorpresa al propio gobierno.

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