El Gobierno cubano aprobó la liberación temporal de delegados municipales de sus puestos de trabajo con el propósito de reforzar su presencia en las comunidades, en medio del agravamiento de la crisis económica y energética que atraviesa el país.

La medida quedó formalizada en el Acuerdo No. 556-X del Consejo de Estado, firmado por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández. El documento surge en un contexto marcado por prolongados apagones, escasez de combustible y deterioro sostenido de los servicios básicos, factores que han incrementado el malestar social en distintos territorios.

El texto invoca el artículo 193 de la Constitución, que establece que los delegados deben cumplir el mandato conferido por sus electores en interés de la comunidad, compatibilizando esa responsabilidad con sus funciones laborales habituales. Con ese respaldo jurídico, la disposición autoriza a los presidentes de las Asambleas Municipales a determinar qué delegados serán liberados temporalmente de sus empleos para dedicar mayor tiempo a la atención directa en sus demarcaciones.

El acuerdo reconoce las limitaciones energéticas y la baja disponibilidad de combustible, así como las dificultades para garantizar servicios esenciales. No obstante, también atribuye parte de la actual coyuntura a las medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Entre las prioridades asignadas a los delegados figura mantener informada a la población sobre las decisiones gubernamentales y promover la participación comunitaria en áreas sensibles como la producción de alimentos, el control de precios y el ahorro energético. Estos temas concentran hoy buena parte de las preocupaciones ciudadanas ante la inflación, la escasez de productos básicos y la inestabilidad eléctrica.

Asimismo, los Consejos Populares y las administraciones locales deberán fortalecer la supervisión de entidades con incidencia territorial y realizar evaluaciones sistemáticas sobre la gestión comunitaria. La aplicación del acuerdo será monitoreada por la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y la Secretaría de la Asamblea Nacional.

La disposición no establece un plazo definido y permanecerá vigente “hasta tanto se disponga”, dejando su duración sujeta a la evolución de la crisis.

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