Un migrante cubano identificado como Daniel Escobar Rodríguez fue liberado tras pasar 80 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement). La información fue dada a conocer por el periodista Javier Díaz, quien ha seguido de cerca varios casos de cubanos con formulario I-220A en proceso migratorio.

Escobar Rodríguez había sido arrestado el pasado 4 de diciembre, cuando acudió a su primera cita de rutina con las autoridades migratorias. Lo que debía ser un trámite administrativo terminó convirtiéndose en casi tres meses de detención, generando angustia en su familia y preocupación en la comunidad cubana del sur de la Florida.

Según relató su esposa en redes sociales, la defensa legal presentó una demanda federal que cambió el rumbo del caso. “Pusimos una demanda federal y en menos de 15 días ganamos el Habeas Corpus; la detención había sido ilegal y arbitraria y en menos de 10 días ganamos la fianza”, escribió. También aseguró que enfrentaron múltiples obstáculos en el proceso, pero que su abogada logró superarlos.

Durante su tiempo bajo custodia, Escobar Rodríguez fue trasladado por varios centros de detención, incluyendo instalaciones en Louisiana y Texas, así como el centro de detención de Krome Detention Center. Su pareja describió el período como una etapa de gran incertidumbre, marcada por la distancia y el temor a una posible deportación.

Finalmente, el sábado 21 de febrero a las 4:30 de la tarde, Daniel fue puesto en libertad y pudo reunirse nuevamente con su familia en Estados Unidos. La noticia fue recibida con alivio por allegados y por otros migrantes cubanos que atraviesan situaciones similares.

Aunque ahora se encuentra en libertad, su situación migratoria no está resuelta. Como muchos cubanos con estatus I-220A, deberá continuar su proceso en busca de una regularización definitiva.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a las detenciones de migrantes con I-220A, un documento que no otorga un estatus legal permanente, pero que permite permanecer temporalmente en el país mientras se resuelve su caso. Para muchos, la incertidumbre jurídica y el riesgo de detención continúan siendo una preocupación constante.

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