El estadounidense de origen cubano Enrique Tarrio, exlíder del grupo Proud Boys y una de las figuras más polémicas vinculadas al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, aseguró que buscará recibir una compensación millonaria del nuevo fondo impulsado por Donald Trump para beneficiar a personas procesadas durante la administración de Joe Biden.

Tarrio, quien fue condenado por conspiración relacionada con los disturbios en el Capitolio y posteriormente indultado por Trump, afirmó en declaraciones a CBS Miami que considera haber sido víctima de una persecución política por parte del gobierno demócrata.

La polémica surge después de que el Departamento de Justicia anunciara la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares destinado a personas investigadas o procesadas por los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021. La medida ha generado fuertes críticas dentro y fuera del Partido Republicano, debido a que muchos consideran que representa una forma de premiar o legitimar a quienes participaron en uno de los episodios más tensos de la política reciente en Estados Unidos.

El cubanoamericano Tarrio aseguró que el dinero “le corresponde” y adelantó que reclamaría una cifra que podría ascender a decenas de millones de dólares por el impacto que, según él, tuvieron las investigaciones y el proceso judicial sobre su familia y su vida personal.

Además, reveló que desde que se anunció el fondo ha recibido llamadas de otras personas condenadas por el asalto al Capitolio interesadas en conocer cómo presentar solicitudes de compensación económica.

La controversia alrededor de Tarrio ha vuelto a colocar su nombre en el centro del debate político estadounidense. Aunque no ingresó físicamente al Capitolio el día de los disturbios, fiscales federales lo señalaron como uno de los principales organizadores de las acciones que terminaron con la irrupción violenta en la sede del Congreso mientras se certificaba la victoria electoral de Joe Biden.

Su condena original, de 22 años de prisión, fue una de las más severas dictadas contra personas vinculadas a los hechos del 6 de enero. Sin embargo, el posterior indulto concedido por Trump provocó indignación entre sectores políticos y organizaciones civiles que consideran que la medida debilita la confianza en el sistema judicial estadounidense.

La iniciativa impulsada por Trump también enfrenta demandas legales. Dos agentes de policía agredidos durante el asalto al Capitolio presentaron acciones judiciales contra el gobierno y calificaron el fondo como un “acto de corrupción presidencial”.

Pese a ello, Tarrio defendió la decisión republicana y sostuvo que el propósito del programa no es justificar agresiones contra policías, sino compensar a quienes consideran que fueron utilizados políticamente por la anterior administración.

Fuente: El Debate

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