El dictador cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que, “por razones históricas somos el único partido, reconocido constitucionalmente”, y que el Partido Comunista de Cuba (PCC) no es solo “el partido de los militantes comunistas de Cuba, sino el partido de la nación cubana”. Sin embargo, la afirmación contrasta drásticamente con la realidad histórica y política del país.

Desde 1959, la dictadura cubana terminó con la democracia en la isla, disolvió los partidos existentes y estableció un régimen autoritario basado en la concentración del poder político en manos de un único partido y en la represión sistemática de cualquier oposición. Bajo la justificación de proteger el proyecto revolucionario, se instauró una ideología oficial obligatoria y se persiguió a todos los que no apoyaran al régimen. Esta política incluyó detenciones, encarcelamientos, despidos laborales, vigilancia política y censura de medios.

El PCC ha mantenido desde entonces un monopolio absoluto sobre la vida política y social de Cuba. No existen elecciones libres ni mecanismos independientes que permitan a los ciudadanos expresar su apoyo o rechazo al partido gobernante. Las llamadas elecciones que se realizan son controladas, con listas cerradas y sin competencia real; los cargos importantes se asignan desde las cúpulas partidarias, y cualquier intento de participación alternativa es bloqueado o criminalizado. Por lo tanto, afirmar que el PCC representa a la “nación cubana” es, en el mejor de los casos, un discurso propagandístico que ignora la pluralidad y diversidad de la sociedad cubana.

La realidad demuestra que el Partido Comunista no puede hablar por millones de cubanos que viven bajo la presión del control estatal y que disienten de la ideología oficial. La historia reciente está llena de ejemplos de ciudadanos y movimientos que han sido perseguidos por expresar opiniones políticas distintas: desde activistas y periodistas independientes hasta académicos, artistas y simples ciudadanos que han denunciado la escasez, los apagones y la corrupción. Ninguno de estos sectores tiene representación política real dentro del sistema oficialista.

A lo largo de seis décadas, el PCC ha cultivado una narrativa según la cual su autoridad es natural y “legítima” por la historia, pero esta legitimidad nunca ha sido avalada por un proceso democrático que permita a la población elegir libremente a sus representantes. El hecho de que se considere “el partido de la nación” refleja más un monopolio ideológico que una verdadera representación del pueblo cubano.

Mientras Díaz-Canel sostiene que el partido actúa en nombre de toda la nación, millones de cubanos viven en un país donde sus derechos políticos son inexistentes, donde no pueden participar en elecciones libres y donde cualquier intento de cuestionar al régimen se enfrenta a la represión directa. La declaración oficial contradice la evidencia de que la democracia en Cuba fue abolida, y que el partido gobernante opera sin control ciudadano ni rendición de cuentas.

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