El decomiso de dos camiones cargados con sacos de tomates y pimientos en la autopista de Pinar del Río volvió a encender el debate sobre cómo el Estado enfrenta la crisis alimentaria que golpea a la población. La información fue divulgada por el perfil oficialista De Pinar Soy, que reportó la detención de los vehículos y de las personas que transportaban la mercancía con destino a La Habana, presuntamente para su reventa.

Según la publicación, los camiones particulares trasladaban una “buena cantidad” de productos agrícolas adquiridos a campesinos a precios bajos, con la intención de revenderlos luego a valores mucho más altos. Los conductores, identificados como Isbel y Marcos Alejandro, quedaron a disposición de las autoridades para responder por lo que se califica como una actividad ilegal.

Más allá del hecho puntual, el caso vuelve a reflejar una realidad que millones de cubanos viven a diario: la escasez crónica de alimentos y el hambre creciente. En mercados estatales y puntos de venta oficiales, los productos agrícolas son insuficientes, irregulares o simplemente inexistentes. Cuando aparecen, los precios resultan inalcanzables para una gran parte de la población, cuyos salarios han quedado pulverizados por la inflación.

En este contexto, muchos ciudadanos recurren a redes informales para conseguir comida. No se trata de lujo ni de enriquecimiento, sino de sobrevivencia. El tomate y el pimiento decomisados no eran artículos suntuarios, sino alimentos básicos que hoy faltan en la mesa de miles de familias pinareñas y habaneras.

Sin embargo, la respuesta del Estado continúa centrada en la persecución y el castigo. En lugar de atacar las causas estructurales del problema —la caída de la producción agrícola, la falta de insumos, los impagos a campesinos y la ineficiencia del sistema de acopio—, las autoridades ponen el foco en quienes mueven mercancía por fuera de los canales oficiales.

Desde De Pinar Soy se insiste en que estas prácticas “no resuelven ningún problema” y que quienes participan en ellas solo buscan beneficiarse de manera individual. No obstante, el discurso omite una pregunta clave: ¿qué alternativas reales tiene la población cuando el Estado no garantiza alimentos suficientes ni a precios razonables?

La criminalización de la reventa ocurre en un país donde cada vez más personas pasan días enteros buscando qué cocinar. Adultos mayores con pensiones mínimas, familias con niños y trabajadores estatales sobreviven gracias a ayudas, remesas o compras informales. Para muchos, acceder a estos productos, aunque sean caros, es la única forma de evitar el hambre.

Mientras tanto, el aparato estatal se muestra más eficaz persiguiendo camiones con viandas que asegurando que esos alimentos lleguen de forma estable y justa a los mercados. La imagen es elocuente: sacos de tomates y pimientos incautados, no por ser dañinos, sino por circular fuera de un sistema que no logra alimentar a su propia población.

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