En Cuba, ser activista sigue teniendo un precio alto: el desarraigo forzado. Los presos políticos Ángel Cuza y Walnier Luis Aguilar, símbolos de resistencia cívica, fueron sacados del Combinado del Este y trasladados a prisiones alejadas de La Habana, como parte de una estrategia que busca romper su voluntad y la de sus familias.

Cuza fue enviado a Guanajay (Artemisa), donde permanece en una celda tapiada y en aislamiento, mientras Aguilar fue llevado a Agüica (Matanzas), a casi 200 kilómetros de su hogar. Ambos fueron acusados falsamente de planear una huelga de hambre.

Esta práctica de “dispersión carcelaria” no es nueva: se usa para castigar el activismo político, limitar el contacto humano y hacer imposible que los familiares puedan visitarlos con frecuencia. Organizaciones internacionales denuncian que el gobierno cubano viola sistemáticamente los derechos humanos mediante este tipo de traslados arbitrarios.

El padre de Walnier, Wilber Aguilar Bravo, ha sido blanco de acoso policial por denunciar estas injusticias. “La dictadura castiga incluso a las madres y padres por exigir justicia”, declaró recordando que su familia vive bajo constante vigilancia.

En redes sociales, crece la indignación ante lo que muchos califican como un castigo doble: prisión para los disidentes y sufrimiento para sus familias. “El régimen separa, silencia y destruye vínculos, pero no puede apagar la voz de quienes aún luchan por la verdad”, expresó un activista en X (Twitter).

El caso de Cuza y Aguilar vuelve a poner en evidencia una política cruel y calculada, donde el aislamiento se convierte en un arma más de represión.

Cada traslado injusto debe ser denunciado. Cada nombre recordado. Porque el silencio, en Cuba, también es una forma de prisión.

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